“Quienes lo retienen, desobedezcan a sus superiores. Libérenlo ya”, urgió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de X, 18 días después del secuestro.
Petro agregó que “Lyan no es una mercancía” y aseguró que “quienes convierten un niño en mercancía ya no son sino tratantes de personas: esclavistas”.
El menor fue secuestrado el sábado 3 de mayo en el caserío de Potrerito del municipio de Jamundí, a una hora por carretera de Cali, cuando salía con su madre de la iglesia y fue interceptado por hombres armados, según informó en ese momento la Policía, que luego atribuyó ese delito a disidencias de las FARC.
El Valle del Cauca es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia. Grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC y otras bandas criminales, están presentes en más del 67% de su territorio, según las autoridades departamentales.
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Petro y su política de “paz total”
Desde que llegó al poder en agosto de 2022, Petro ha impulsado una política de “paz total” y entablado acercamientos con grupos armados ilegales a fin de buscar acuerdos y ceses al fuego.
Sin embargo, los avances han sido desiguales: mientras algunos diálogos han progresado, las negociaciones con ciertas bandas y frentes disidentes de las FARC han enfrentado rupturas, y estos grupos continúan cometiendo actos violentos como secuestros y ataques a la fuerza pública.
La semana pasada, centenares de personas se manifestaron en el municipio de Jamundí, donde sucedió el secuestro de Lyan, para exigir su liberación inmediata.
La Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos (unos 52.000 dólares) por información que permita dar con el paradero del niño de 11 años.