El caso se remonta a diciembre de 2024 cuando, tras una denuncia anónima, el MPT rescató a 220 trabajadores chinos en situación análoga a la esclavitud en una planta industrial que BYD construyó en el municipio de Camaçari, del estado brasileño de Bahía.
En el comunicado, la Fiscalía laboral detalló que “todos” los trabajadores rescatados habían entrado al país “de forma irregular”, con una visa de trabajo “para servicios especializados que no correspondían a las actividades que desarrollaban en la obra”.
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A los trabajadores se le retenía el pasaporte y eran constantemente vigilados por personas “armadas” para cumplir jornadas “agotadoras, sin descanso semanal”.
Proceso por esclavitud
Estaban obligados a “pagar una caución” y tenían hasta el “70% de sus salarios retenidos” en caso de una rescisión anticipada del contrato.
Además, estaban “amontonados en alojamientos sin las mínimas condiciones de comodidad o higiene”, en algunos casos con un baño cada 31 personas, camas sin colchones y alimentos mezclados con materiales de la construcción.
Es por esto que la Fiscalía laboral solicitó a la Justicia que inste a BYD y a las contratistas involucradas China JinJiang Construction Brasil y Tonghe Intelligent Equipment of Brazil a pagar una multa de 257 millones de reales (aproximadamente 45 millones de dólares) por daño moral colectivo.
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Multas
Además de otras multas individuales, como el equivalente a 21 salarios contractuales para cada trabajador y un día de salario por cada día en que el trabajador estuvo sometido a condiciones análogas a la esclavitud y la debida indemnización por despido.
Cuando se conoció el hecho, la empresa china anunció la rescisión de su contrato con el Grupo Jinjiang y afirmó que “no tolera faltas de respeto a la ley brasileña y a la dignidad humana”.