Colombia, Chile, España y México, países iberoamericanos con Política Exterior Feminista

MADRID. Colombia, Chile, España y México han adoptado una Política Exterior Feminista (PEF), con acciones transformadoras en foros multilaterales, el impulso de la participación de mujeres en procesos de paz y el fortalecimiento de estructuras institucionales, que hacen más transversal el enfoque de derechos humanos en sus relaciones internacionales.

Simbolo masculino (círculo con una flecha hacia arriba), símbolo igual (dos líneas paralelas) y simbolo femenino (círculo con una cruz hacia abajo)
Igualdad de géneroShutterstock

Estas son las conclusiones del informe “La igualdad de género en los espacios multilaterales y en la política exterior”, elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Secretaría General Iberoamericana (Segib), organismo que informó este jueves del estudio.

De México, destaca que en 2020 se convirtió en el primer país de América Latina -y el quinto en el mundo- en abogar por regular la igualdad de género en los espacios multilaterales y en la política exterior.

Respecto a España, subraya la inclusión de las mujeres y niñas en toda su diversidad y cómo ha incorporado en su política exterior un enfoque que reconoce cómo el género, la raza, la clase social, la etnia y la discapacidad combinadas, generan desigualdades, lo que se conoce como un enfoque interseccional.

Por parte de Chile y Colombia, el informe apunta este mismo enfoque interseccional de derechos humanos como un pilar clave de su política exterior. Y concretamente del país andino también destaca la participación de la sociedad civil y el enfoque de territorialidad.

Otros países como Brasil, República Dominicana, Ecuador, Uruguay y Portugal, aunque no han declarado formalmente una PEF, han desarrollado medidas que incorporan la igualdad de género en sus estrategias diplomáticas, planes de cooperación al desarrollo, atención consular y formación del personal exterior.

Argentina, aunque actualmente no tiene vigentes estas prácticas, está en la lista de países que desarrollaron de manera pionera medidas para incorporar la igualdad de género en su política exterior, reconoce el informe.

Más presencia de mujeres en defensa y seguridad

Uno de los avances que más destaca el estudio es el “incremento sostenido de la participación femenina en espacios tradicionalmente masculinizados como la defensa y la seguridad internacional”, así como la adopción progresiva de la agenda Mujeres Paz y Seguridad (MPS).

Esta agenda se basa en una resolución de Naciones Unidas de 2020, la primera que reconoció el liderazgo de las mujeres para lograr la paz y la seguridad internacionales y sus contribuciones a la prevención de conflictos, el mantenimiento de la paz, la resolución de disputas y la consolidación de la paz.

En este sentido, trece países iberoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay) ya aprobaron al menos un Plan de Acción Nacional (PAN) para la implementación de esta resolución y otros cinco están en proceso de elaboración.

El documento subraya también el rol clave de mecanismos regionales, como la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras, impulsado desde la Segib, que ha fortalecido la cooperación y el liderazgo de las mujeres en procesos de construcción de paz.

Desafíos

El informe alerta sobre desafíos que limitan la consolidación de estas políticas, como el avance de discursos conservadores, la escasez de financiación y de datos desagregados, y la persistente violencia contra mujeres en espacios de decisión, incluidos casos de acoso laboral y sexual.

Asimismo, señala la necesidad urgente de garantizar la sostenibilidad e institucionalización de los compromisos asumidos, así como de fortalecer la cooperación regional en este campo, en temas como la movilidad humana o la protección de defensoras de derechos humanos.

Para conseguirlos, recomienda la ratificación de instrumentos internacionales para proteger los derechos de las mujeres, asegurar recursos adecuados y fortalecer el marco normativo para que los principios de igualdad se traduzcan en políticas públicas concretas y medibles.

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