La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó hoy al gobierno del presidente Donald Trump revocar el estatus de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como “parole”, reportó AFP.
Trump hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes en situación irregular y puso toda la maquinaria de la administración al servicio de este objetivo. Incluso, incluso invocó una ley del siglo XVIII, usada hasta entonces en tiempos de guerra, para expulsar a presuntos pandilleros venezolanos a una prisión en El Salvador.
La decisión de hoy del máximo tribunal, de mayoría conservadora, es temporal hasta que una corte de apelación se pronuncie sobre el fondo del caso.
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En marzo el gobierno intentó revocar el estatus legal de estos migrantes llegados a Estados Unidos bajo un programa lanzado por el expresidente demócrata Joe Biden y llamado también CHNV, por las iniciales de los países.
Parole humanitario
En octubre de 2022, el gobierno del demócrata otorgó un permiso para que un cupo de venezolanos pudiera entrar legalmente, siempre que pasaran por una investigación sobre sus antecedentes penales, tuvieran a un patrocinador en el país que les brindara apoyo financiero y estuvieran vacunados.
En enero de 2023 amplió la medida a Haití, Cuba y Nicaragua.
El gobierno solicitó a la corte suprema levantar una orden de una jueza de Boston, Indira Talwani, que impidió en abril revocar el estatus legal de los migrantes de estos cuatro países.
El máximo tribunal concedió al gobierno esta solicitud.
Las juezas progresistas de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackon y Sonia Sotomayor disintieron. Advierten de las “consecuencias devastadoras” de poner en peligro “las vidas y los medios de subsistencia de casi medio millón de extranjeros mientras sus reclamaciones legales están pendientes”, según el documento.
“El tribunal ha fallado hoy claramente en esta evaluación”, escribieron.
Podrían ser deportados
Los migrantes “se enfrentan ahora a dos opciones insoportables. Por un lado, podrían optar por abandonar Estados Unidos y, de ese modo, enfrentarse a peligros en sus países de origen”, sufrir una “separación familiar” y, posiblemente, perder cualquier posibilidad de recurso, escribieron.
“Por otro lado, podrían permanecer en Estados Unidos (...) y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva”, insisten las magistradas.
En su fallo la jueza de Boston afirmó que el gobierno hace una interpretación errónea de la ley de inmigración, ya que la expulsión acelerada se aplica a los extranjeros que entran ilegalmente en Estados Unidos, no a aquellos autorizados a permanecer en el país.