Tercera condena por corrupción contra el exvicepresidente de Ecuador

QUITO. La justicia de Ecuador dictó hoy una nueva condena -la tercera- por corrupción, esta vez de 13 años de cárcel, contra el exvicepresidente Jorge Glas, aliado del exmandatario Rafael Correa.

El exvicepresidente de Ecuador (2013-2017), Jorge Glas, asiste a una audiencia en la Corte Nacional de Justicia en Quito, el 30 de junio de 2025.
El exvicepresidente de Ecuador (2013-2017), Jorge Glas, asiste a una audiencia en la Corte Nacional de Justicia en Quito, el 30 de junio de 2025.163730+0000 RODRIGO BUENDIA

El exvicepresidente Jorge Glas en abril de 2024 fue detenido en una incursión policial en la embajada de México en Quito, donde se refugiaba, informó AFP.

La condena de primera instancia podrá ser impugnada por Glas, quien se desempeñó en la vicepresidencia de su país durante el mandato de Rafael Correa. También ocupó cargos ministeriales.

El exvicepresidente ya pasó varios años en prisión y todavía no ha cumplido la condena acumulada de ocho años por otros dos casos de corrupción, uno de ellos por la trama de sobornos de la brasileña Odebrecht.

La justicia lo condenó por peculado (malversación de fondos públicos), reportó EFE.

También fue condenado a los mismos años de prisión Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, quienes además deberán pagar una multa de 60 salarios básicos unificados (28.200 dólares) y una indemnización de 250 millones de dólares.

El tribunal, compuesto por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De la Cadena, determinó que Glas y Bernal utilizaron sus cargos como presidente y secretario del Comité para “abusar de dineros públicos” que debían ser utilizados “para la atención a las víctimas del terremoto”.

Los magistrados dieron por probada la tesis de la Fiscalía, que durante el juicio del caso denominado como Reconstrucción de Manabí, aseguró que Glas, quien presidió el Comité, y Bernal priorizaron proyectos de obras que no eran urgentes y que no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto, lo que generó un perjuicio al Estado de más de 225 millones dólares.

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