Según datos divulgados hoy por la Corte Suprema, 3.357 personas solicitaron seguir de forma presencial la fase oral del juicio, que tendrá lugar en la Primera Sala del alto tribunal.
Sin embargo, la mayoría tendrá que verlo desde casa, ya que la corte solo podrá atender a las primeras 1.200 personas que se inscribieron por cuestiones de limitación de espacio.
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El Supremo informó que solo hay disponibles 150 lugares, que se ubicarán en la Segunda Sala de la corte, por cada una de las ocho sesiones programadas, distribuidas entre los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre.
Transmisión en vivo
Al resto de interesados los invitó a acompañar en directo el pleito por otros canales, como TV Justiça, el canal del Supremo en Youtube o Radio Justiça.
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Además de la avalancha de público, se registraron 501 profesionales de los medios de comunicación, tanto brasileños como extranjeros, para seguir los cinco días del juicio, considerado uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil.
Además de Bolsonaro, los cinco jueces que integran la Primera Sala del Supremo juzgarán a otros siete acusados igualmente de intentar un golpe de Estado, entre ellos antiguos ministros y militares.
Acusación
Según la Fiscalía, el líder ultraderechista fue el “principal articulador” de un presunto complot que buscó anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, en las que se impuso el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
La investigación concluyó que el último intento para mantener a Bolsonaro en el poder tras su derrota electoral ocurrió el 8 de enero de 2023, cuando miles de sus simpatizantes invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, en Brasilia.
El proceso también ha estado marcado por las injerencias del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, quien considera a Bolsonaro, aliado político del republicano, víctima de una “caza de brujas”.
Por ello, la Administración de Trump revocó el visado a varios jueces del Supremo e impuso un arancel del 50% adicional a una parte significativa de las importaciones brasileñas como medida de presión para archivar la causa contra Bolsonaro, quien se encuentra en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto.