El proceso, iniciado en junio de 2024, tiene como principal imputado a Fernando Sabag Montiel, quien activó el gatillo de un arma cargada a escasos centímetros del rostro de Fernández, sin que el disparo se efectuara por una falla mecánica. El hecho ocurrió en la puerta del domicilio de la entonces vicepresidenta en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, cuando saludaba a sus seguidores.
Junto a Sabag Montiel está acusada Brenda Uliarte, su expareja, a quien la Fiscalía considera partícipe necesaria por haber colaborado en la planificación del atentado.
Ambos enfrentan cargos por homicidio triplemente agravado en grado de tentativa: por alevosía, violencia de género en su modalidad de violencia política y uso de arma de fuego.
La Fiscalía solicitó, el pasado 20 de agosto, 15 años de prisión para cada uno, aunque propuso unificación de penas por condenas previas, lo que elevaría las sanciones a 19 años para Sabag Montiel y 14 años y 2 meses para Uliarte. Los abogados que representan a Fernández pidieron 15 años para ambos.
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También fue juzgado Nicolás Carrizo, considerado al inicio el líder del grupo, conocido como ‘La Banda de los Copitos’, pero que fue excarcelado el 20 de agosto tras retirarse la acusación.
El próximo 10 de septiembre comenzarán los alegatos de las defensas y luego se conocerá el veredicto del Tribunal.
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El proceso judicial se ha centrado en los autores materiales, pero las líneas de investigación sobre una posible autoría intelectual o financiamiento del atentado no han avanzado judicialmente.
La querella ha cuestionado la instrucción a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, al señalar fallas como el manejo del celular del atacante, que llegó al juzgado sin cadena de custodia y encendido, lo que impidió un peritaje correcto.
Además, la defensa de Fernández ha insistido en investigar posibles vínculos de los autores materiales con el grupo Revolución Federal, que realizó manifestaciones violentas en contra de la expresidenta y tenía vínculo con la familia Caputo, muy vinculada al Gobierno de Javier Milei.
Una de las empresas del emporio Caputo Hermanos compró ese año al líder del grupo, el carpintero Jonathan Morel, muebles de madera por varios millones de pesos.
También denunciaron la falta de avance en la llamada ‘pista Milman’, en alusión al diputado opositor Gerardo Milman, a quien un testigo escuchó hablar del atentado antes de que ocurriera.
El atentado fallido del 1 de septiembre de 2022, ocurrido durante una muestra de apoyo a la expresidenta, quedó registrado en videos tomados por sus seguidores y generó una fuerte conmoción política e institucional en Argentina.
Aquellas manifestaciones de apoyo a la exmandataria habían comenzado días antes, el 22 de agosto de 2022, después de que un fiscal federal solicitara para Cristina Fernández 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Por esta causa la expresidenta está en prisión domiciliaria desde el 17 de junio pasado tras haber sido condenada a seis años.