Piden juicio político para el juez que frenó la difusión de audios de Karina Milei

BUENOS AIRES. Dirigentes del partido centrista Coalición Cívica ARI presentaron este viernes una denuncia ante el órgano que supervisa el accionar de la Justicia para solicitar el juicio político del juez federal argentino Alejandro Patricio Maraniello, quien dictó el pasado lunes una medida cautelar que prohibió la difusión de grabaciones de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, Karina Milei.
El presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, Karina Milei. 004720+0000 LUIS ROBAYO

El juez Marianello aceptó el pasado lunes un pedido del Gobierno de Javier Milei para frenar preventivamente la difusión de audios de la hermana del presidente que, según el Ejecutivo, fueron grabados de manera ilegal en la Casa de Gobierno.

La medida, catalogada de “censura previa” por dirigentes políticos opositores, periodistas y abogados especialistas en libertad de expresión, motivó una denuncia presentada este viernes por la líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador de la ciudad de Buenos Aires Hernán Reyes ante el Consejo de la Magistratura, órgano que se encarga de supervisar el accionar judicial.

La filtración de audios de Karina Milei, el pasado 29 de agosto, se produjo en medio de un escándalo de corrupción tras la difusión, días antes, de grabaciones de un funcionario en las que describía un esquema de recaudación de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En esas grabaciones, la hermana del presidente es señalada como una de las beneficiarias del presunto esquema de sobornos, que involucra a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina y se habría producido con conocimiento del presidente.

Si bien los audios difundidos a posteriori, en los que se escucha a la hermana del mandatario, no hacen mención al escándalo de corrupción, el periodista Mauro Federico aseguró contar con 50 minutos de grabación -según indicó una denuncia penal presentada por el Gobierno argentino-, lo que motivó el pedido de prohibir preventivamente la publicación del resto del material.

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