Cristina Fernández, en prisión domiciliaria, será juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 junto a otros 21 funcionarios y 65 empresarios.
Al finalizar la instrucción, el fiscal federal Carlos Stornelli sostuvo que Fernández lideró junto a su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), un sistema de recaudación ilegal que funcionó dentro del Ejecutivo y que involucró a funcionarios de distintos niveles jerárquicos.
Entre los acusados figuran exministros, exsecretarios, chóferes y ejecutivos de grandes compañías de los sectores de la construcción, energía y transporte, señalados por la Fiscalía como parte de una “asociación ilícita” encabezada por Fernández.
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Acusación
La exmandataria será juzgada, además, como “coautora de 204 cohechos pasivos” y “partícipe necesaria de un cohecho pasivo”.
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Según la acusación, las maniobras incluyeron el pago de sobornos en la adjudicación de concesiones ferroviarias y viales, la entrega de dádivas a funcionarios a cambio de favores estatales y acuerdos ilícitos entre empresas constructoras para establecer precios elevados en las ofertas de licitación de obra pública.
La investigación derivó de una causa iniciada en 2017 por maniobras irregulares en la adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) por la que ya fueron condenados en septiembre pasado el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y el exsubsecretario de esa cartera Roberto Baratta, ambos imputados también en este juicio.
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Ampliación de la causa
La causa se amplió en 2018, cuando se conoció que un exchófer del ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno, había anotado los movimientos de funcionarios que trasladaban bolsos con dinero desde las sedes de distintas empresas hasta los despachos o domicilios de miembros del Ejecutivo.
Las audiencias del debate oral se desarrollarán cada jueves de manera virtual y el Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal general Fabiana León y su equipo.
Fernández cumple actualmente una condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso conocido como ‘Vialidad’, en el que fue declarada culpable de irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su difunto esposo.