La iniciativa ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU está apoyada por unos treinta cargos electos que pertenecen a “Alcaldes por la infancia”, un colectivo que se opone a la ley de mayo de 2013 que autorizó el matrimonio entre las personas del mismo sexo.
Los alcaldes que rechazan celebrar tales uniones se exponen a sanciones disciplinarias, demandas de daños y perjuicios y a hasta cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa. “No hay ningún tipo de cláusula de conciencia” en la ley, deploró el miércoles un responsable del colectivo, Franck Meyer, en una rueda de prensa. “No queremos casar a dos hombres. No queremos casar a dos mujeres. Para nosotros, el matrimonio es un hombre y una mujer”, agregó.
El recurso ante la ONU persigue que “se constate la afrenta a la libertad de conciencia” garantizada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, explicó la abogada del colectivo, Claire de la Hougue. El presidente François Hollande declaró en noviembre de 2012 que la ley se aplicaría para “todos, respetando no obstante la libertad de conciencia”, antes de retractarse.
Una concejal socialista, que por convicciones religiosas se negó a unir a dos mujeres en Marsella (sureste), fue condenada en septiembre de 2015 a una pena en suspenso de cinco meses de cárcel. El colectivo de “Alcaldes por la infancia” agotó la vía judicial en Francia sin éxito. Otra demanda está también en curso desde 2015 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, presentada por 146 ediles.