La medida, publicada hoy en el Boletín oficial, se adoptó tras la fuga de dos condenados por delitos de lesa humanidad y alcanza a todos aquellos “que tengan o hayan tenido estado militar”.
Además, establece que “todo requerimiento de carácter judicial de internación y/o asistencia médica” de las personas incluidas en la resolución “deberá ser comunicado inmediatamente al Ministerio de Defensa para su consideración y efectos”.
Quien incumpla la notificación podrá ser multado con sanciones administrativas y/o disciplinarias, especifica el documento.
El pasado 25 de julio, el exmayor Jorge Olivera, condenado en la provincia de San Juan a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, y el exteniente primero Gustavo De Marchi, condenado a 25 años, escaparon cuando iban a recibir atención médica en el hospital militar central de Buenos Aires.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Olivera, que era jefe de inteligencia, estuvo involucrado en el secuestro y desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tiseau, en octubre de 1976.
El Gobierno dispuso una recompensa de 2 millones de pesos (unos 370.000 dólares) “destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención”.
Además, los ministerios argentinos de Justicia, Defensa y Salud acordaron este lunes crear una comisión médica para revisar los antecedentes de salud de los imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983).