“No tengo ninguna esperanza de verlo”, lamenta su hermano Jamil Afridi, que ha aceptado hablar con la AFP en un lugar mantenido en secreto porque se siente amenazado. El doctor Afridi, de unos 50 años, organizó una falsa campaña de vacunación contra la hepatitis C que sirvió para confirmar la presencia de Bin Laden, el temible jefe de Al Qaida y cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Una vez localizado, un comando de las fuerzas especiales estadounidenses lo mató el 2 de mayo de 2011 en un ataque en su domicilio de Abbottabad, una pequeña ciudad paquistaní que alberga la academia militar nacional. Pakistán consideró una humillación esta intervención, que ha dejado huella en sus relaciones con Estados Unidos, además de complicar el caso del médico.
Los detalles sobre cómo contactó la CIA con Afridi son confusos. La prensa paquistaní afirma que varios responsables de la oenegé Save the Children, con la que él trabajaba, actuaron de intermediarios. La organización lo desmiente. El doctor Afridi reconoció estar implicado; lo hizo en la única entrevista que concedió sobre este tema, a la cadena estadounidense Fox News en 2012. Fue confirmado por el exsecretario de Defensa de Estados Unidos Leon Panetta.
El doctor se encargó de organizar una campaña de vacunación para obtener una muestra de ADN en el lugar donde vivía Bin Laden. Afirmó que nadie le dijo quién era el blanco de la operación y se negó a huir del país cuando se lo pidieron. Las autoridades paquistaníes lo detuvieron poco después. Fue juzgado por vínculos con extremistas (un cargo poco creíble) y condenado a 33 años de cárcel, reducidos posteriormente a 23 años.
Desde entonces, el procedimiento se empantanó. El juicio en apelación comenzó en 2014 y se aplazó decenas de veces. Varios grupos de defensa de los derechos humanos dieron la voz de alarma y pidieron transparencia. “Se ha convertido en un chivo expiatorio”, estima un activista de los derechos humanos, Zar Ali Khan Afridi (sin vínculo de parentesco con él).
Según su abogado, Qamar Nadeem, el doctor está encarcelado en aislamiento en una celda pequeña y a pesar de todas estas precauciones su vida corre peligro. Nadeem lleva dos años sin tener acceso a su cliente. Es su segundo abogado. El primero huyó de Pakistán debido a las amenazas de los talibanes y fue asesinado durante una visita al país en 2015.
El médico sólo recibe las visitas de su esposa y de sus hijos cada dos meses aproximadamente, afirma el letrado. Pese a un dictamen de la Alta Corte de Peshawar que concede el derecho de visita a sus hermanos y hermanas, Jamil lleva cuatro años sin poder verlo. El tribunal “no reconoce la sentencia. (...) Soy muy pesimista”, suspira Jamil. Añade que le aconsejaron que no insistiera. El abogado está convencido de que el caso no avanzará sin presión por parte de Estados Unidos. “Por el momento no dio muestras de apoyo”, lamenta.
No siempre ha sido así: en 2012, un comité del senado estadounidense votó simbólicamente un recorte de 33 millones de dólares de la ayuda concedida a Islamabad, o sea un millón por año de prisión impuesto al doctor Afridi. Pero la presión estadounidense fue decayendo a medida que se reforzaban los vínculos con Islamabad y surgían otras prioridades, estiman varios expertos.
“Las negociaciones con los talibanes (afganos) se impusieron sobre todo lo demás”, estima Ahmed Rashid, un analista especializado en seguridad. Los estadounidenses no quieren abordar “temas espinosos” con Pakistán, considerado un mediador crucial en las negociaciones de paz en Afganistán. Michael Kugelman, investigador en el WoodrowWilson Center en Washington, estima por su parte que el caso Afridi “no ha desaparecido nunca. Creo que los responsables estadounidenses ejercen presión con cierta regularidad, con discreción”.
Pero “es probable que el tema haya pasado a un segundo plano” -dice- ante las pocas esperanzas de que se alcance un acuerdo “a corto plazo”. Las repercusiones del caso Afridi no son sólo diplomáticas: algunos extremistas lo ponen como excusa para rechazar las campañas de vacunación y atacar a los que las emprenden.