La resolución, publicada en el Boletín Oficial y recogida por la agencia estatal Mena, estipula que el presidente puede cesar a los directores y miembros de esos organismos independientes, que no quedan definidos, en cuatro casos.
Podrán ser destituidos en caso de que haya pruebas fehacientes de que su labor afecta a la seguridad e integridad del Estado, o si “pierden la confianza”.
Asimismo, Al Sisi tomará esa decisión en caso de que el cargo en cuestión “incumpla los deberes de su puesto de trabajo, perjudicando de alguna forma los intereses supremos del país o de una persona pública”.
La última opción, también poco precisa, recoge la posibilidad de despido en caso de que el interesado “pierda la legitimidad de permanecer en su puesto por razones no médicas”.
Las nuevas autoridades egipcias, nacidas tras el golpe militar que derrocó al presidente islamista Mohamed Mursi en 2013, han optado por centrarse en la lucha antiterrorista y la represión de la disidencia, por lo que los decretos presidenciales son frecuentes ante la ausencia de un órgano legislativo.
Un ejemplo es el nuevo proyecto de ley antiterrorista, que en los últimos días ha levantado numerosas voces en su contra, tras ser aprobada por el Gobierno egipcio poco después del atentado con coche bomba que acabó con la vida del fiscal general egipcio, Hisham Barakat.
Las ONG egipcias, que también pueden verse afectadas por el decreto de hoy, denunciaron por ejemplo la “formulación vaga” de la ley antiterrorista, que permitiría “reprimir un amplio espectro de derechos y libertades”, entre ellos el de libre asociación.
Igual hizo el Sindicato de Periodistas Egipcios, que criticó duramente el proyecto de ley porque restablece penas de cárcel para los delitos de prensa e impone nuevas restricciones a la libertad de opinión y expresión.