MADRID. El desafío independentista, fraguado durante los últimos años, ha desembocado hoy en una resolución aprobada por un Parlamento regional dividido que insta a abrir un proceso para constituir una república independiente de España.
Para reducir la tensión, y en el marco de las medidas para restablecer la legalidad constitucional, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, decidió hoy mismo convocar elecciones regionales en Cataluña para el 21 de diciembre, con el argumento de “dar voz” lo antes posible a los catalanes.
La ilegalidad de todos los pasos dados por los soberanistas catalanes, dictada por los tribunales españoles, no ha impedido la puesta en escena de esa declaración de independencia, sin valor legal alguno y sin ningún reconocimiento internacional.
Así, la Unión Europea, las principales capitales comunitarias y EE.UU. se apresuraron a situarse del lado del Gobierno español y la legalidad y contra la declaración independentista.
Consciente de esas limitaciones y con la perspectiva de una inminente respuesta legal del Estado, los independentistas fían el inmediato futuro a la movilización de los ciudadanos y a que la calle permita mantener el aliento soberanista.
Por eso hoy, tras la declaración de independencia parlamentaria, el presidente catalán, Carles Puigdemont, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que mantengan “el pulso del país” en el terreno de “la paz, el civismo y la dignidad”.
El problema, en el caso de Cataluña, es que todos coinciden en la división que existe no sólo entre los políticos, sino en la propia sociedad.
Una parte destacada del movimiento secesionista la aportan entidades sociales que se han movilizado en las calles, a veces en gran número, para mostrar la fortaleza del proceso.
Los líderes de dos de esas organizaciones llevan dos semanas en una cárcel próxima a Madrid bajo la imputación de sedición.
La Fiscalía General del Estado anuncia para los próximos días una querella por rebelión contra los principales artífices de esa declaración, en especial el Gabinete regional y los integrantes de la Mesa del Parlamento.
Esa es una de las vías de la respuesta al secesionismo, mientras que la política es la impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que, con el respaldo otorgado hoy por el Senado, va a asumir competencias hasta ahora ejercidas por la autonomía catalanas.
Así, el Consejo de Ministros aprobó el cese de todo el Gobierno de Puigdemont y la disolución del Parlamento regional, con la convocatoria de comicios autonómicos para el 21 de diciembre.
Esta decisión se justifica en que “es urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes para que decidan su futuro”, explicó el propio Rajoy tras la reunión del Consejo.
“Son las urnas, las de verdad”, las que tienen que establecer “los controles y garantías” y “las que pueden sentar las bases de la necesaria recuperación de la convivencia entre catalanes", añadió Rajoy.
Sin embargo, hay incertidumbre por la resistencia, institucional y ciudadana, que se puede generar en Cataluña a las iniciativas legales de Rajoy, respaldadas también por los socialistas del PSOE y los liberales de Ciudadanos.
Por eso la respuesta del Estado, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, es una ruta hasta ahora no recorrida en las cuatro décadas de la actual etapa democrática española.
"No hay alternativa”, dijo hoy Rajoy en la defensa de su estrategia en el Senado, donde afirmó que “hay que proteger a los catalanes de una minoría que de forma intolerante se erige en propietaria de Cataluña y considera como exclusiva una historia, cultura y sentimientos que son patrimonio de la comunidad".
Rajoy reconoció que podía haber puesto en marcha antes esa vía, pero prefirió esperar porque creía que aún se estaba a tiempo de reconducir la situación.
De hecho, todavía este jueves Carles Puigdemont estuvo a punto de convocar elecciones regionales anticipadas para evitar la intervención estatal, pero renunció finalmente entre la presión de sus aliados.
Ha sido el propio Rajoy el que ha sorprendido con la convocatoria de comicios regionales, de la que saldrá un nuevo Gobierno autonómico y terminará la “vía 155 ”.