No obstante, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pide al juez José Castro, que investiga el denominado “caso Nóos” que la considere responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros (unos 725.000 dólares). En la misma causa, por el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidió el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, el fiscal pide para él una condena de 19 años y 6 meses de prisión y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo.
El caso Noós investiga a una fundación sin ánimo de lucro con ese nombre presidida por Urdangarin, a la que supuestamente fueron desviados 6,1 millones de euros (unos 7,5 millones de dólares) de fondos públicos entre 2004 y 2007. El fiscal pide que la infanta Cristina responda como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con Urdangarin, hasta la cuantía de 587.413 euros.
Esa cantidad es la mitad de los fondos que, según el ministerio público, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de la infanta Cristina y su esposo al 50 % creada en 2003, y que destinaron a pagar gastos personales. Horrach sostiene que Urdangarin creó Aizoon y que la utilizó como sociedad interpuesta para percibir rentas derivadas de su propia actividad personal y pagar menos impuestos.
La infanta “accedió a participar en la sociedad dada la garantía y la confianza que le ofrecían su cónyuge y su asesor fiscal, sin ser consciente del objetivo último de su presencia”, asegura el acusador público. El fiscal sostiene que Urdangarin defraudó a Hacienda 182.005 euros en el ejercicio 2007 y 155.138 en el de 2008, utilizando Aizoon como sociedad pantalla interpuesta.
Además, la empresa ingresó 837.638 euros de origen ilícito procedentes de la apropiación de caudales públicos desde el Instituto Nóos. Las tres cantidades se usaron en gastos de carácter personal y familiar que repercutieron en beneficio de los dos socios, por lo que la responsabilidad de la infanta alcanza un 50% de su suma.
El fiscal considera que Cristina de Borbón, a pesar de desconocer el origen ilícito de parte de los fondos de los que se nutría Aizoon, “ se benefició ” porque su esposo los destinó a abonar servicios y suministros de tipo personal o familiar. Sin embargo, el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, pidió al juez Castro que lleve a juicio a la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública por los que reclama para ella un total de 8 años de prisión.
El juez Castro, que imputó el pasado 7 de noviembre a la hermana del rey de España por dos delitos fiscales, mantenía la hipótesis de que la sociedad Aizoon era una pantalla para eludir pagos a la Hacienda española. El fiscal Horrach, tras entregar su escrito de acusación por el caso Noós, en el que no acusa a la infanta Cristina, declaró: “Sigo solicitando el sobreseimiento, como he repetido mil veces, no comparto el criterio de la acusación popular y por tanto pido el archivo para ella”.