La decisión es temporal hasta la resolución de los recursos presentados por la familia del dictador, que dirigió férreamente el país entre 1939 y 1975 y está enterrado en una basílica en el faraónico complejo del Valle de los Caídos.
“La razón en que descansa esa decisión es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes (...) si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan”, argumentó el Supremo en un escueto comunicado.
“El gobierno pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte sentencia sobre el fondo del asunto”, señaló el ejecutivo del socialista Pedro Sánchez en una nota donde se muestra “convencido de que el Tribunal Supremo desestimará este recurso”.
Anunciada a bombo y platillo poco después de la llegada de Sánchez al poder, ahora hace un año, la exhumación de Franco se está convirtiendo en una pesadilla para el gobierno español.
Su ejecución, prevista inicialmente para finales del verano boreal de 2018, se ha ido retrasando debido, especialmente, a la batalla judicial que está librando la familia del exdictador para detener el proceso.
Además, en caso de producirse el traslado, los descendientes del dictador querían que fuera reenterrado en la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, aunque el gobierno se decantó por el discreto cementerio de El Pardo.