Guerrilla de las FARC entrega más de 8.000 armas a misión de la ONU en Colombia

BOGOTÁ. Las FARC entregaron más de 8.000 armas de fuego y 1,3 millones de municiones a Naciones Unidas, organización que supervisó en Colombia el proceso de desarme tras la firma de un acuerdo de paz con el Gobierno.

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El proceso de cese al fuego bilateral y la dejación de armas concluyó el martes con la salida del último contenedor con arsenal desde una zona cercana al municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira, en el norte del país sudamericano. “En estos contenedores la misión, hasta la fecha, ha contabilizado 8.112 armas y casi un millón 300 mil cartuchos incinerados”, dijo el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, en el acto de salida del último contenedor con armamento hacia un lugar del centro del país en donde se fundirán para construir tres monumentos.

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron el año pasado un acuerdo de paz para acabar con 53 años de un violento conflicto que dejó unos 220.000 muertos y millones de desplazados.

Unos 7.000 integrantes de las FARC y cientos de colaboradores están actualmente concentrados en 26 lugares en medio de selvas y montañas, bajo la supervisión de la ONU, en la parte previa de su reincorporación a la vida civil. “Ha terminado el proceso de verificación tanto de cese del fuego como de dejación de las armas que es la primera misión de Naciones Unidas y comienza la verificación también de Naciones Unidas de la reincorporación de las FARC a la vida política, económica y social del país”, declaró el líder de las FARC Iván Márquez.

Bajo los términos del acuerdo, el grupo que puso en aprietos al Estado colombiano en la década de 1990, con presencia en extensas zonas montañosas y selváticas en donde ejerció un gobierno de facto, se convertirá en un partido político que se denominará Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia.

Además del abandono de las armas, el pacto de paz incluye la entrega de tierras a campesinos pobres, desminado, lucha contra el narcotráfico e inversión social del Estado en educación, salud y carreteras para erradicar la pobreza. Su implementación tardará al menos una década y debe contrarrestar las críticas de un amplio sector de la sociedad.

 

 

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