En su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2011 que se presenta hoy en Londres, AI resalta, no obstante, algunos avances en la resolución de las reclamaciones de tierras de los sawhoyamaxa y los kelyenmagategma.
Sin embargo, AI destaca que no hubo ninguna resolución sobre las reclamaciones de tierras de los yakye axa ni de los xamok kasek, y que tampoco “hubo avances significativos en las investigaciones sobre el presunto rociado con pesticidas en 2009 de las comunidades indígenas de Itakyry”.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial examinó la actuación de Paraguay en agosto y recomendó la adopción de reformas para garantizar que el sistema de justicia proteja los derechos de los pueblos indígenas.
Entre las reformas propuestas se incluían mecanismos efectivos para presentar quejas y reclamaciones sobre tierras, lograr la restitución de tierras tradicionales y reconocer plenamente los derechos sobre las tierras de los indígenas de un modo coordinado y sistemático, según el informe de AI.
En relación con su denuncia de que las autoridades intentaron socavar la labor de los defensores de derechos humanos, el informe señala que los abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentaron un habeas data en la que solicitaban al fiscal general que demostrase las acusaciones en las que afirmaba que los abogados de la coordinadora mantenían contacto telefónico con el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El informe también señala que cuatro miembros de Iniciativa Amotocodie, ONG que protege los derechos de los grupos indígenas ayoreo, que viven aislados de la civilización en la región del Chaco paraguayo, fueron enjuiciados por diversos cargos, entre ellos “lesión de confianza”.
Las investigaciones sobre la organización comenzaron después de que esta declarase públicamente su oposición a una expedición científica llamada “Chaco Seco 2010” alegando que podía dañar los derechos de los indígenas aislados de la civilización.
AI también recuerda que Norberto Atilio Bianco, médico militar del centro clandestino de detención de Campo de Mayo, ubicado en Argentina y que estuvo en funcionamiento en la década de 1970, fue extraditado desde Paraguay por segunda vez para ser juzgado por apropiación de bebes nacidos de mujeres que habían sido víctimas de detención ilegítima y desaparición forzada.