El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela está “obstaculizando un derecho constitucional y actuando con un claro sesgo político”, dijo Almagro, según un comunicado de la OEA.
El CNE anunció el miércoles que el referendo podría “efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017”, lo que imposibilita la celebración de nuevas elecciones en el país caribeño como pretende la oposición a Maduro. Para Almagro, las fechas anunciadas constituyen “una maniobra más para dilatar el proceso e impedir que el referéndum revocatorio se haga realidad este año”.
“No es posible que se sigan violando los plazos constitucionales, no es posible que se siga manipulando la voluntad de los electores, es totalmente inadmisible que se pretenda recortar los derechos civiles y políticos a través de interpretaciones tendenciosas por parte del CNE”, añadió.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) quería que el referendo se celebrara antes del 10 de enero de 2017, ya que pasada esa fecha -que marca el cuarto año de presidencia de Maduro- si el presidente pierde la votación, su mandato lo terminará su vicepresidente y no se convocará a nuevas elecciones.
El jefe del organismo regional también criticó las condiciones impuestas por el poder electoral venezolano para la recolección de cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) necesarias para llamar a la consulta.
El CNE decidió que el 20% corresponda al registro electoral de cada estado, y no a nivel nacional. Un solo estado que no logre el mínimo de firmas invalidará el proceso. El CNE “cambió arbitrariamente y con manifiesta intencionalidad las reglas del juego”, dijo Almagro, recordando que la recolección de firmas para un referendo revocatorio contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2004 fue de carácter nacional.
Almagro también deploró la decisión del CNE de colocar unas 5.392 máquinas de registro de firmas y huellas para esa etapa en función de cuatro millones de personas, aunque la MUD pedía 19.500 para los 19 millones de electores venezolanos. “Esta decisión es anticonstitucional, viola el espíritu mismo del revocatorio y pretende llevarse por delante el último atisbo de esperanza democrática en Venezuela”, explicó.