“Tal y como se esperaba, suspensión del decreto de #Cannes esta mañana”, señaló en su cuenta de Twitter esa organización.
Cannes fue la primera alcaldía en vetar a principios de agosto ese bañador islámico en Francia al prohibir el acceso a las playas y el baño a todo aquel que no respetara “las buenas costumbres y el laicismo, las reglas de higiene y de seguridad”.
Le siguieron a lo largo del mes hasta una treintena de municipios, tanto en la Costa Azul como en otras zonas costeras, extendiendo una polémica que llegó a la máxima instancia administrativa francesa, el Consejo de Estado, que el pasado viernes revocó el decreto de Villeneuve Loubet.
La decisión de hoy es una de las primeras consecuencias de ese dictamen, que sentó jurisprudencia y consideró que medidas de ese tipo solo podían justificarse si había una amenaza confirmada contra el orden público.
La sentencia del Tribunal de Niza, según destacó hoy el semanario Le Journal du Dimanche (JDD) en su página web, reproduce literalmente las consideraciones del Consejo de Estado sobre las libertades fundamentales.
Antes del posicionamiento de la máxima instancia administrativa, ese mismo tribunal había dado su visto bueno a la prohibición en Villeneuve Loubet, en aquel caso alegando que era necesaria y proporcionada porque esa prenda que cubre completamente el cuerpo de la mujer podía ser percibida como una provocación tras los recientes ataques yihadistas.
Solo las alcaldías de Oye Plage, en el norte del país y gobernada por los socialistas, y la de Èze, en la Costa Azul y en manos de los centristas de la UDI, decidieron por iniciativa propia dar marcha atrás y anular su veto tras el dictamen del Consejo de Estado, mientras que el resto, como Cannes, lo mantuvieron.
El CCIF espera ahora la decisión de los recursos presentados contra Niza, Menton, Roquebrune Cap Martin y Fréjus, dentro de la sucesión de demandas previstas para acabar con la totalidad de decretos lanzados.