Ese programa impidió la deportación a 800.000 jóvenes indocumentados y fue ayer suspendido por el presidente del país, Donald Trump.
“La decisión del presidente de acabar con DACA ha sido despiadada y descerebrada”, consideró Schumer en una rueda de prensa en el Capitolio de Washington.
Trump anunció este martes el fin del plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero dio seis meses al Congreso, hasta el 5 de marzo de 2018, para aclarar la situación de los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños y que son conocidos popularmente como “soñadores” (dreamers).
Rodeado de decenas de legisladores demócratas, Schumer pidió a los republicanos que aprueben cuanto antes un proyecto conocido como “Dream Act” (Ley del Sueño), una iniciativa que fue presentada por primera vez en el Senado en 2001 y que permitiría a los “soñadores” obtener la residencia permanente y, posteriormente, la ciudadanía estadounidense.
Esa propuesta legislativa volvió a ser introducida recientemente en el Senado por el senador demócrata Richard Durbin y su par republicano Lindsey Graham, quienes este martes pidieron a legisladores de ambos partidos que respalden su propuesta y aprueben una ley para proteger a los “soñadores” antes de fin de mes.
Mientras que los demócratas han unido filas en defensa de los beneficiarios de DACA, el Partido Republicano se encuentra dividido entre su ala más moderada, favorable a una solución similar al “Dream Act”, y su ala ultraconservadora, opuesta a regularizar la situación de los jóvenes indocumentados.
Ese movimiento ultraconservador, liderado por el propio Trump, quiere incluir en la ley que tiene que aprobar el Congreso en seis meses fondos para aumentar la patrulla fronteriza y para financiar la construcción del muro entre México y EE.UU., una idea a la que se oponen frontalmente los demócratas.
Ante la posibilidad de que los republicanos traten de usar DACA como moneda de cambio para pedir fondos para el muro, Schumer amenazó con incorporar el “Dream Act” a cualquier propuesta que deba ser aprobada este otoño, incluida la ley de gastos que sirve para financiar el Congreso.
El Congreso necesita aprobar un presupuesto para el año fiscal 2018 antes del 1 de octubre y, si no lo logra, se produciría un cierre de la Administración. La última vez que esto ocurrió fue en 2013, momento en el que el Gobierno perdió cientos de miles de dólares y dejó desempleados de manera temporal a miles de funcionarios.