Sobre todo tras el retraso que ha registrado por la crisis financiera que atraviesa la CIDH.
En declaraciones a EFE, el abogado de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales, consideró hoy “zanjadas” las diferencias que había entre el Gobierno y los padres sobre cómo estará integrado el mecanismo, cuál será su mandato y por cuánto tiempo.
“Ya hay un acuerdo a ese respecto, solo esperamos a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueda resolver en consecuencia”, apuntó el letrado tras señalar que el organismo “se ha estado tardando un poco por el tema financiero por el que atraviesa”.
Sin embargo, señaló que ya está “próximo a concretarse”, probablemente la próxima semana, tras lo cual será necesaria una reunión entre los padres de los 43 y la Cancillería mexicana para “para definir cuándo empieza a operar”.
El mecanismo tendrá un mandato de un año, durante el cual realizará visitas periódicas al país, indicó Rosales.
Su objetivo será el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en este caso y la atención a las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (PGR).
Sobre la reunión celebrada el martes con la fiscal, Arely Gómez, dijo que “se nota voluntad (...) de avanzar en esta etapa de investigación ” en torno a las líneas sugeridas por el GIEI, como la del quinto camión o la de la policía del municipio de Huitzuco, y “ de prescindir un poco de esta tesis inicial del basurero de Cocula”.
Según la versión oficial de lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula.
El letrado criticó que la fiscalía “ sigue manteniendo vigente ” esa hipótesis ante la opinión pública y como “único móvil” la “reacción violenta” de Guerreros Unidos por la toma de autobuses por parte de los jóvenes.
Y es que al presentar un informe del estado que guarda la investigación, el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, insistió el martes en que la toma de autobuses motivó que una célula del grupo actuara contra los jóvenes con la complicidad de policías de Iguala y Cocula.
La célula pidió a los agentes que “los detuvieran y se los entregaran, para privarlos de su libertad, interrogarlos y presuntamente privarlos de la vida”, señaló Betanzos, quien añadió que esa es la línea que cuenta con “los mayores indicios”, tras haber agotado otras “sin obtener resultados”.
El informe entregado el martes a los familiares tiene un recuento de las acciones realizadas desde el 4 de octubre de 2014 hasta el 30 de abril de 2016, para esclarecer los hechos, determinar el paradero de los jóvenes, aprehender a los responsables y asegurar que esos delitos no queden impunes, indicó Betanzos.
“Es muy limitado ese móvil”, rebatió hoy Rosales, quien aludió a la participación de la Policía Federal y “autoridades de otros niveles”, no solo municipales, para lograr un cerco en tres anillos, uno en el centro de Iguala, otro a las afueras de la urbe y uno más en el norte de Guerrero, que impidió la salida de los jóvenes.
Para realizar esos “filtros necesariamente se tuvo que contar con el concurso de autoridades de otros niveles, y eso echa por tierra la tesis de que el grupo Guerreros Unidos fue el actor principal en la desaparición de los estudiantes”, aseguró.
Por ello, el letrado consideró fundamental trabajar “de manera decidida” en los temas que planteó el GIEI, entre ellos la investigación de los teléfonos de los jóvenes que estuvieron activos tras su desaparición, la presencia de la Policía Federal en varios escenarios de la tragedia y la participación de agentes de Huitzuco.