“Si se adopta esta ley, podría resultar en la demolición de hasta 35 poblados de esta minoría en el desierto del Negev y, como consecuencia, provocar el desplazamiento forzado de unos 30.000 o 40.000 beduinos de sus casas y tierras ancestrales”, expresó Pillay en una nota de prensa.
Explicó que, como ciudadanos de Israel, esta minoría tiene el mismo derecho a la propiedad, vivienda y servicios públicos que el resto de la población. “El Gobierno debe reconocer y respetar los derechos específicos de las comunidades beduinas, incluido el reconocimiento de la propiedad de las tierras que reclaman”, espetó Pillay.
La Alta Comisionada lamentó que el Gobierno de Israel continúe la puesta en marcha de una política discriminatoria de desplazamiento forzado contra su propios ciudadanos árabes a pesar de la preocupación que mostró por este asunto en su visita al país hace dos años.
Pillay dijo que este proyecto de ley no reconoce los títulos de propiedad de esta minoría y en su lugar ofrece compensaciones limitadas e inadecuadas a los beduinos que terminan por desplazarse a uno de los siete municipios que el Gobierno ha creado para ellos y los despoja de su cultura y de su forma de vivir tradicionales “en nombre del desarrollo”.
Por otro lado, la Alta Comisionada pidió que en el proceso de reconsideración de este proyecto de ley se tengan en cuenta a los representantes de este minoría.
“El respecto a los derechos legítimos de las minorías es fundamental en una democracia”, sentenció.