En las plazas Rabaa Al Adawiya y Nahda de la capital egipcia, ocupadas por miles de personas desde que Mursi fue destituido por el ejército, el 3 de julio pasado, hombres, mujeres y niños participaron bajo una nube de globos en la gran plegaria de madrugada que marca oficialmente el fin del mes de ayuno.
El miércoles, el gobierno amenazó de nuevo con dispersarles a la fuerza y dijo que hasta ahora no lo había hecho debido al “carácter sagrado” del ramadán. Sin embargo, los líderes de los Hermanos Musulmanes pidieron a los manifestantes que continuasen congregados “hasta la victoria”, lo que hace temer un nuevo episodio violento.
Varios miles de simpatizantes de Mursi también se manifestaron en otras regiones, sobre todo en Alejandría, la segunda ciudad del país, y en Qena (sur).
En este país profundamente dividido, donde los enfrentamientos al margen de manifestaciones rivales dejaron más de 250 muertos -en su mayoría partidarios de Mursi- desde finales de junio, el diario gubernamental Al Gumhuriya titulaba el jueves “Última advertencia” y “Se acerca la hora de la batalla”.
A pesar de que los choques entre policías y manifestantes islamistas degeneraron recientemente en varias ocasiones, con decenas de muertos entre los manifestantes, el gobierno autorizó al ministerio del Interior a “limpiar” las plazas Rabaa al Adawiya y Nahda.
A pesar de los esfuerzos internacionales que llevaron a El Cairo a emisarios europeos, estadounidenses, africanos y árabes, la presidencia interina instaurada por el ejército anunció el miércoles el fracaso de la mediación.
La presidencia consideró que los Hermanos Musulmanes eran responsables de ese fracaso y advirtió que deberán asumir “las consecuencias de sus violaciones de la ley y de poner en peligro la seguridad pública”.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, respondieron que el gobierno egipcio tenía “una responsabilidad particular para lanzar el proceso” democrático y dijeron que temían “el riesgo de más derramamientos de sangre y de bipolarización”, que obstaculizarían la recuperación económica, fundamental para la transición política.
Por su parte, los islamistas continúan denunciando un golpe de Estado contra el primer presidente elegido democráticamente en el país y manifestándose contra lo que llaman “un Estado policial” que arrestó a muchos de sus dirigentes, incluyendo a Mursi, detenido por el ejército en un lugar secreto.
Desde las gigantescas manifestaciones del 30 de junio exigiendo la salida de Mursi, que permitieron al ejército justificar su golpe, la mayoría de la prensa y gran parte de la población acusan a los partidario de Mursi de “terrorismo” y les piden que se dispersen para dar un impulso a la transición política.
Según las autoridades, este período de transición no debería ser superior a nueve meses, durante los cuales habrá que adoptar una nueva Constitución antes de las elecciones, a principios de 2014, siguiendo la hoja de ruta trazada por el ejército con el apoyo de líderes religiosos y políticos.
Entre estos dignatarios se encuentra Ahmed Al Tayeb, el gran imán de Al Azhar, la principal autoridad sunita de Egipto, que el miércoles pidió a las autoridades una reunión extraordinaria para poner fin a la crisis después del Eid el Fitr.
Estados Unidos, cuyos emisarios trataron infructuosamente en los últimos días de mediar entre el gobierno provisional y los Hermanos Musulmanes, pidió nuevamente el miércoles a ambas partes que hagan compromisos para poner fin a la crisis.