Esto es dos días después de que se celebrara en Cataluña el referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia.
“Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado”, declaró en su alocución televisada, la primera reacción a la consulta.
Según él, los dirigentes independentistas catalanes, “con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España”.
“De una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia”. Como resultado, añadió, “hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada”.
Por ello, y “ante esta situación de extrema gravedad”, apuntó, “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”.
Entre otras medidas, el Estado español puede recurrir al artículo 155 de la Constitución española, que permite intervenir la autonomía de una región si “no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan”.
Desde hace meses se ha especulado sobre si el gobierno español de Mariano Rajoy recurrirá a esa medida en Cataluña.
Este lunes, el ministro de Justicia no lo descartó, afirmando que ante una eventual declaración unilateral de independencia, el Estado hará “todo lo que la ley permite para impedir que sea así”.
Según el ejecutivo catalán, el sí a un “Estado independiente en forma de república” se impuso el domingo con un 90%, es decir 2,02 millones de votos, y una tasa de participación del 42,3%.
La votación no tuvo ninguna de las garantías habituales, ya que el censo electoral no era transparente, no había junta supervisora y tampoco hubo cabinas para asegurar que el voto fuera secreto.
Sin embargo, el presidente regional, Carles Puigdemont, indicó que enviará los resultados al Parlamento catalán, para que actúe conforme a la ley del referéndum, aprobada a comienzos de mes y al igual que el referendo suspendida por la justicia española.
A tenor de sus afirmaciones, el ejecutivo catalán podría declarar de manera unilateral la independencia de una región fundamental para España, ya que representa el 16% de su población y el 19% de su PIB.