El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, interpuso una demanda en el tribunal del distrito sur de Texas para que esa corte declare ilegal DACA (siglas en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y prohíba al Ejecutivo continuar renovando ese programa de alivio migratorio. “Nuestra demanda es sobre el Estado de Derecho y no sobre la sensatez de una política migratoria en particular”, afirmó Paxton en un comunicado.
En el pasado, el fiscal texano ya interpuso demandas contra el programa DACA, proclamado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, porque considera que el Ejecutivo no tiene poder para dar forma a las leyes migratorias y esa capacidad le corresponde exclusivamente a la rama Legislativa.
DACA protege a sus beneficiarios de la deportación, les otorga un permiso de trabajo temporal y les permite acceder a una licencia de conducir, unos beneficios que deben renovar cada dos años. “Texas ha argumentado durante años que la rama ejecutiva federal no tiene el poder de otorgar unilateralmente un estatus legal y autorización de trabajo a inmigrantes ilegales”, consideró Paxton en un comunicado. “Dejar DACA intacto establece un precedente peligroso porque le da al poder Ejecutivo la autoridad para ignorar las leyes promulgadas por el Congreso y cambiar las leyes de inmigración de nuestro país para adaptarlas a las preferencias políticas del presidente”, añadió.
En junio de 2017, Paxton amenazó por primera vez con una demanda a Trump, que pertenece a su propio partido, y aseguró que le llevaría a los tribunales si no cumplía con su promesa de acabar con DACA. Finalmente, en septiembre pasado, Trump anunció que DACA debía expirar el 5 de marzo si el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre inmigración.
No obstante, DACA no llegó a expirar porque dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron al Gobierno a mantener vivo el programa, aunque establecieron que solo podrían renovar su permiso aquellos inmigrantes que ya se hubieran beneficiado anteriormente.
La semana pasada, un juez de Washington D.C. determinó que el Gobierno de Trump debe aceptar nuevas solicitudes de DACA.
No obstante, ese magistrado dio al Gobierno un plazo de 90 días para justificar por qué puso fin al programa, aunque concluido ese plazo le obligará a aceptar nuevas peticiones.
Los estados con más “soñadores” son California y luego Texas, donde viven más de 100.000 beneficiarios de DACA, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).