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Su fundamento se explica en la lucha de los representantes del Parlamento con el Rey en el caso de Inglaterra y la lucha de los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente de 1789 y la Corte en Francia.
La figura de la inmunidad se encuentra contemplada por nuestra Constitución Nacional de 1992 y tiene como propósito preservar la libre expresión y facilitar el cabal cumplimiento de los deberes de los congresistas. Existe una limitación material para tal privilegio, pues cubre los actos propios de la función, entendida esta como un instrumento jurídico que la Constitución otorga a los legisladores en función de su ejercicio, con el único afán de consolidar la función legislativa, para proteger el funcionamiento normal de los poderes públicos.
Siendo de índole funcional y no personal, por lo tanto, protege al senador o diputado en cuanto desarrolla su función legislativa y sus actuaciones como miembro de la cámara a que pertenece.
Sin embargo, la figura se ha convertido en una herramienta de protección para evadir a la justicia por parte del corporativismo parlamentario, y así dejar sin ser investigados hechos de corrupción y sin sanción a congresistas imputados. En Paraguay la figura ha frenado en muchos casos, y a través de los años, la aplicación equitativa de la justicia; es decir, diputados y senadores vienen cometiendo actos ilícitos sin recibir sanción alguna. La población ha visto cómo ciertos políticos gozan de total impunidad porque la ley no se aplica por igual a todos los ciudadanos.
La inmunidad pese a las constantes denuncias de la ciudadanía permanece con las mismas desviaciones, porque la figura es utilizada para cometer abusos. Hoy en día inclusive hay quienes la impugnan por estimar que la vida en democracia la ha hecho innecesaria.
María del Pilar Callizo