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Esta mañana se dio mesa de entrada a la solicitud para sesión extraordinaria para tratar el proyecto sobre el control del dinero que se utiliza en las campañas electorales. Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso van a presentar como fecha alternativa el 4 de febrero.
Vallejo señaló que decidieron dar más tiempo a los diputados para que estudien al detalle el proyecto y hagan sus propuestas de modificación con conocimiento de causa. Además, consideró que para esa fecha hay más posibilidades de que exista el quórum necesario, atendiendo a que varios colegas ya volverán de sus viajes.
Sobre la critica de que el sistema de control puede colapsar, dijo que siempre “la excusa” es que un proyecto es “inaplicable y va a colapsar”. Como ejemplo sobre la viabilidad del control del dinero sucio, resaltó que la Subsecretaría de Tributación va a invertir G. 23.000 millones para un sistema de control de las redes sociales de los ciudadanos comunes. “Vamos a poner también G. 23.000 millones para controlar a los políticos, para ver de dónde sale el dinero y así hacer que los narcotraficantes dejen de financiar campañas, y basta de dinero de corrupción en las campañas”, sentenció.
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Por otra parte, la diputada cuestionó que varios de sus colegas menosprecien el proyecto sobre el control del dinero utilizado durante las campañas electorales indicando que “partidos chicos quieren controlar a los grandes”. Aseguró que es necesario aplicar la trazabilidad a cada candidato y dejar de lado la “mediocridad” para aceptar que solo se requiere decisión política.
“Cuando presentamos el proyecto hubo una serie de manifestaciones, tipo quiénes eramos los partidos chicos de querer controlar a los grandes. Acá se trata de que la ciudadanía a la que representamos sepa quiénes financian nuestras campañas”, declaró esta mañana la diputada Vallejo.
Sobre las puntualizaciones del diputado Basilio Núñez (ANR), quien habló sobre controlar la cantidad de los aportes para las campañas, dijo que los proyectistas ni siquiera evaluaron ese punto, sino que se concentraron en la trazabilidad. “Me parece bien que lo planteen. Es un punto que se nos escapó porque a lo mejor íbamos más por el tema del control y rendición por candidato”, agregó.
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Asimismo, respondiendo a la duda de Núñez, señaló que la autoridad que debe definir la inhabilitación de un candidato que no cumpla con los requerimientos de la ley será el Tribunal Superior de Justicia Electoral, recibiendo la colaboración de “un conglomerado de instituciones” que ayudan al control del dinero.
Aseguró que sí es posible cubrir con el personal necesario para hacer todo ese trabajo y no se requieren tantos recursos. “¿Cuándo lo que vamos a salir del estado de mediocridad y del ‘yo no puedo’ (…) Gastemos en toda la tecnología (necesaria) para hacer el control del dinero”, añadió en contacto con ABC Cardinal 730AM.
¿Qué indica el proyecto?
Puntualmente, el proyecto plantea que cada candidato presente una declaración jurada de ingresos y gastos realizados durante la campaña y, en caso de que no cumpla, deba pagar una multa de G. 25.302.000. Además, se establece como obligatoria una declaración jurada de intereses de cada candidato y que los partidos y movimientos sean sujetos de control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Los proyectistas buscan que el proyecto de modificación del financiamiento político sea aplicado en las elecciones municipales previstas para el 12 de julio y el plazo límite que da la Justicia Electoral para establecer cambios legislativos al sistema electoral antes de los comicios internos es el 6 de marzo. Según Vallejo, si se trata el proyecto el 4 de febrero, aún tienen tiempo para aplicarlo en dichos comicios.
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