La situación se agrava, ya que un grupo de sintierras se sumaron para dar apoyo a los indígenas, al igual que la Federación Nacional Campesina (FNC), con la firme convicción de que las tierras en cuestión pertenecen ancestralmente a los aborígenes y no a Carlos Villalba.
En la mañana del domingo último, según el dirigente sintierra Benito Barreto, fueron atropellados por guardias de seguridad privada al servicio de Villalba, momentos en que estaban reunidos en la carpa planificando una movilización para exigir la presencia de autoridades del INDI y de otras instituciones a fin de tratar el tema que se agrava cada día.
Barreto dijo que los guardias realizaron varios disparos con armas de fuego para dispersar a los que estaban participando del encuentro, quienes debieron refugiarse en el monte para evitar ser alcanzados por los proyectiles. Como prueba, afirmó tener varias vainillas percutidas en su poder.
Mientras, el abogado Nelson Hidalgo, uno de los representantes de Carlos Villalba, negó que se haya producido disparos, y precisó que el cacique Eliodoro Martínez trajo gente de otra comunidad para invadir la propiedad de su cliente. “Por suerte no hubo enfrentamiento, amenazaron a nuestros guardias, ya hicimos la denuncia en la fiscalía” indicó.
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El fiscal Lucrecio Cabrera, quien interviene en el caso, informó que convocó tanto al líder Eliodoro Martínez y a los guardias de seguridad para interiorizarse del caso. “Hay un conflicto, pero no un enfrentamiento” añadió.
Antecedentes
El inmueble de 1.300 hectáreas abarca los municipios de Curuguaty y Maracaná. A raíz del conflicto, la jueza Gladys Mabel Solís ordenó resolución mediante, la medida de no innovar en fecha 4 de enero del año 2019. Pero antes de dar alguna solución a la desavenencia, agravó la situación, porque los indígenas denunciaron la supuesta realización de trabajos con máquinas pesadas en la propiedad.
El 19 de febrero del mismo año, se produjo un enfrentamiento con armas de fuego, donde resultó herido un guardia de seguridad. En esa oportunidad, los miembros de la FNC ayudaron a los indígenas para la destrucción de las alambradas y lograron incautar un arma de fuego de los guardias que fue entregado a la fiscalía.
Mientras, los indígenas aseguran que viven en el lugar desde hace más de 30 años, los representantes de Villalba afirman que este último compró las tierras del Banco Oriental en quiebras, y que el título que presentó el INDI tendría orígenes espurios.
En varias oportunidades, delegaciones oficiales se constituyeron en el lugar, pero nunca pudieron dar solución al conflicto que podría desembocar en una masacre en cualquier momento, según temen los lugareños.