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El monto de más de G. 13.000 millones que se efectivizó en la gestión del intendente Sosa Báez, con pago de cheques de los recursos de royalties y Fonacide, corresponde al año 2016 hasta 2020. La investigación se inició ante la denuncia presentada por Melquiades Ayala Ortiz, Aldo Ayala González y Rubén Benítez, todos domiciliados en el distrito de Mbuyapey y a cuyos nombres se creaban las empresas “fantasma”.
Con relación a esta investigación, el fiscal Hiram Colmán realizó varios allanamientos tanto en la Municipalidad local como en los domicilios del tesorero Vicente Aníbal Torres Sanabria y del intendente Sosa Báez.
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Asimismo, en Mbuyapey se allanó la vivienda de la concejala Mirian Elizabeth Martínez (PLRA) y de su marido Eduardo Espínola Ayala, quien cuenta con antecedentes y fue condenado a 8 años de prisión por desvío de fondos por G. 178 millones cuando se desempeñaba como administrador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
La concejala y su esposo son los que presumiblemente creaban empresas “fantasma” utilizando a sus vecinos de Mbuyapey y otros clientes a quienes llevaban la contabilidad de sus negocios. Una de las víctimas, Melquiades Ayala Ortiz, se percató de que tenía una empresa con jugosas ganancias cuando el Ministerio de Hacienda dejó de transferirle a su cuenta el pago de subsidio de tercera edad, por lo que denunció el hecho, al igual que su nieto Aldo González, que figuraba que también contaba con una empresa constructora.
Entre las empresas “fantasma” figuran las constructoras San Cayetano, de Cosme Damián Pérez, quien sería concuñado de Espínola Ayala; la Constructora San Roque y Constructora 8 de Diciembre, de Melquiades Ayala Ortiz y Aldo Ayala González, ambos denunciantes del hecho.
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En el caso de la firma NM Service, creada primeramente a nombre del denunciante Rubén Benítez, ahora figura como propietaria Naiza Araceli Cohener González, nuera de la pareja de contadores procesados en esta causa. En su vivienda funciona un lavadero y al momento del allanamiento no se encontraba nadie en el lugar.
Entre las empresas “fantasma” también aparece la firma MyC de la concejala Mirian Elizabeth Giménez, quien desde 2017 hasta 2019 cobró a la municipalidad local G. 422.234.000 por obras varias, según se evidencia en cheques y chequeras incautados. A esto se suma que también se encontró una factura de la Comercial Atilio Acha, quien aparece como proveedor de kits de alimentos en 2016 por G. 25 millones. El mismo es suegro del intendente de Acahay.
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A nombre de uno de los denunciantes, Aldo Ayala González, se encontró que desde 2016 hasta este año sus supuestas empresas 8 de Diciembre y San Roque facturaron un total de G. 4.327 millones, con lo que concretó supuestamente obras varias en el distrito de Acahay.
Ahora, la fiscalía lo que va hacer es verificar las supuestas obras concretadas por la Municipalidad y a partir de ahí ampliar la imputación de otras personas. Una vez que se tenga todas las evidencias se va a tener suficientes argumentos como para saber bajo qué figura imputar al intendente Sosa Báez.