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Mediante decreto 4452 del Poder Ejecutivo, se oficializó la concesión de la explotación de la quiniela a la empresa TDP, un proceso empapado de conflictos, sobre todo por las acusaciones de que la empresa incumplió exigencias legales, como por ejemplo, el pago de parte de lo recaudado en concepto de impuestos que debían ser destinados a excombatientes.
Incluso gremios de trabajadores en la venta de la quiniela se mostraron enfrentados, ya que había un sector que solicitó el rechazo al Ejecutivo de la adjudicación, denunciando incumplimiento de obligaciones por parte de la empresa y descuentos en las ganancias a los trabajadores.
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Pese a existir incluso dictámenes que confirmaron los incumplimientos por parte de la empresa, el decreto del Ejecutivo supuestamente sostiene que se cumplieron todos los requisitos legales para la concesión.
TDP ya había sido adjudicada en un proceso anterior, pero el permiso de explotación expiró en noviembre pasado y debía ser sometido a una nuevo proceso de licitación. Incluso desde el Congreso se realizaron una serie de pedidos de informes que no llenaron las expectativas de los legisladores, acusando incluso de otorgamiento de datos falsos, lo que motivó el planteamiento de un pedido de interpelación al titular de Conajzar Ortiz Báez.