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“Las respuestas deben darse por parte de las instituciones. No fuimos perfectos. Hubo fallas en el Indert”, señaló la presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Gail González Yaluff, sobre los disturbios que se produjeron ayer en inmediaciones del Congreso, donde campesinos e indígenas se enfrentaron a la Policía, en una movilización en rechazo a la ley contra invasiones.
Según manifestó, los problemas con las tierras también están relacionados con dirigentes inescrupulosos que “lucran arreando a la gente bajo la promesa de un pedazo de tierra” y estos son los que más instigan y los que más invaden las propiedades privadas.
En ese sentido, dijo que, pese a los errores del Indert, nada justifica la violencia con que actuaron los manifestantes.
Víctima de invasiones de tierras públicas
En otro punto, González Yaluff denunció que el Estado también es víctima de invasiones, ya que son constantes las ocupaciones de tierras públicas, no precisamente por parte de campesinos pero sí por otros sectores. Según contó, en la localidad de Santa Lucía, Alto Paraná, a un sojero se le otorgó unas tierras por un interdicto judicial sin que este haya ocupado el lote ni cumplido los requerimientos para ser sujeto de la reforma agraria.
De acuerdo a sus declaraciones, son 11 casos similares a este que se están investigando para levantar las medidas cautelares. “Estamos levantando las medidas cautelares mediante nuestros títulos; nosotros tenemos el título de propiedad”, aseveró.
La presidenta no recordó el nombre de los beneficiarios ni el de la jueza que otorgó los interdictos por los que fueron cedidas propiedades del Indert de forma irregular. “Tengo entendido que ahora se están levantando los interdictos”, acotó.
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Ayer, miércoles, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que aumenta a 10 años la pena carcelaria contra invasores de la propiedad privada.
Durante el debate en el pleno de Diputados, en las inmediaciones del Congreso Nacional se produjeron violentos incidentes entre los manifestantes y la Policía Nacional.
Resultaron heridos ocho policías y dos civiles. Además, varios autos fueron incendiados y saqueados.
Por otra parte, varios grupos de nativos emplazaron por 48 horas al Poder Ejecutivo para vetar dicha ley o, de lo contrario, recrudecerán las movilizaciones.