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Rodrigo Granda fue detenido ayer en México por Interpol tras la activación de una circular roja de extradición en nuestro país, pero finalmente fue deportado a Colombia tras decisión de Migraciones del país norteamericano. El exlíder de las FARC es requerido por la justicia paraguaya por su colaboración con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el secuestro de Cecilia Cubas.
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El agente del Ministerio Público Rogelio Ortúzar refirió que -a su criterio- se presentaron todos los elementos jurídicos para que se concrete la extradición de Granda, por lo que -indicó- fue violado el tratado bilateral de extradición por parte de México con nuestro país. “La liberación (de Granda) fue absolutamente ilegal y sin fundamento alguno”, remarcó.
Ortúzar cuestionó el argumento del Gobierno mexicano que refiere que no existía un orden de captura dictada por un Juzgado Penal de Garantías de nuestro país, pues aseguró que el entonces magistrado Pedro Mayor Martínez dispuso la detención de Granda y otros “personajes” que estuvieron involucrados en el secuestro de Cecilia.
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“El hecho de que la Interpol mexicana haya dado cuenta del conocimiento a Interpol Paraguay de que estaba detenido era suficiente como para que se inicien los trámites por los canales diplomáticos”, añadió.
Primó un “motivo político”
El fiscal también manifestó que en la negativa de extradición de Granda a nuestro país por parte del Gobierno Mexicano primó un “motivo político” con Colombia. “Eso ya escapa de mi competencia”, subrayó.
Por otra parte, Ortúzar comentó que el delito perpetrado por el exguerrillero aún no prescribió. Asimismo, indicó que el Ministerio Público posee pruebas contundentes, como varios correos remitidos entre Granda y los secuestradores de Cecilia.
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Esta mañana se informó que el Instituto Nacional de Migraciones de México rechazó el arribo de Granda en el aeropuerto internacional, antes de ingresar a suelo mexicano.
El ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, también refirió hoy a ABC Cardinal que existió una especie de presión política por parte del Partido Comunes de Colombia, que conformaron los miembros de la extinta guerrilla de las FARC.