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El fiscal Silvio Alegre manifestó que el procedimiento se llevó a cabo en el Kilómetro 18 de la ciudad de Capiatá en el domicilio perteneciente a Elvira Bordón, exactuaria del Juzgado de Paz de la Catedral, lugar donde tuvo origen un mandamiento de desalojo, producto de un juicio ficticio que fue caratulado “Ema Nilza Turo Martínez c/ Formasa S.A”.
La Sociedad Anónima pertenece a la familia de Mariano Sopeña, hijo de Ángel Sopeña (+), un ciudadano español que adquirió el inmueble de casi cinco hectáreas en 1991 y que está ubicado sobre las calles Leonismo Luqueño y Felipe González, del cuarto barrio de Luque, a tres cuadras de la Fuerza Aérea Paraguaya (FF.AA). Formasa se dedica a la compra y venta de propiedades. El pasado 1 de diciembre los propietarios fueron desalojados del lugar mediante un mandamiento falso.
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En prosecución a esta investigación, el agente Silvio Alegre, encabezó el procedimiento en Capiatá, donde no se encontró ningún elemento vinculado al caso de la familia Sopeña.
“Elvira Bordón es una actuaria judicial y anteriormente, creo que hasta diciembre del año pasado estuvo en el Juzgado de Paz de la Catedral, pero ahora está haciendo atención en el Juzgado de Villa Elisa. No encontramos nada relevante en relación al hecho investigado. Si encontramos un documento donde ella denunció ciertas irregularidades que ocurrían en ese Juzgado (de la Catedral). Ella se había percatado de que supuestamente alguien había falsificado su firma en el lugar para unos oficios, incluso puso eso a conocimiento de la Superintendencia de la Corte”, explicó Alegre.
Agregó además que Elvira Bordón realizó la denuncia sobre falsificación de firmas contra personas innominadas. Alegre indicó que el allanamiento se llevó a cabo ante la sospecha de que en el lugar podrían existir pruebas afines al caso.
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Ante la recusación de los fiscales titulares de la causa Sandra Ledesma, Sophia Galeano y Augusto Ledesma Blasser, el agente Silvio Alegre, se encuentra interinando. Dijo además que la investigación prosigue y que el Ministerio Público realizó una serie de pedidos de informes a varias instituciones cuyas respuestas se aguardan para los próximos días.
Primer imputado
Se trata de Jorge Alberto Thompson Zarza, oficial de justicia del Juzgado de Paz dela Catedral, imputado por producción y uso de documentos no auténticos y declaración falsa. El mismo utilizó un mandamiento apócrifo de fecha 23 de abril de 2021 para despojar a la familia Sopeña de su propiedad recién el pasado 1 de diciembre. El sospechado tiene medidas alternativas a la prisión.
Los agente del Ministerio Público allanaron dicho Juzgado hace dos semanas y se confirmó que en el lugar no “existe el expediente llamado Ema Nilza Turo Martínez c/ Formasa SA, y el juicio tampoco nunca existió”, dijeron en aquella ocasión Sandra Ledesma y Augusto Ledesma Blasser.
Orden de captura
Ema Nilza Turo Martínez, se encuentra con paradero desconocido y la fiscalía ya ordenó su captura. Su vivienda fue allanada también hace dos semanas pero en el lugar no se halló ningún elemento vinculado al caso. Es más, el propietario de la vivienda indicó que Ema Nilza, solo alquilaba el lugar y que desde hace cuatro años, desocupó la propiedad.
Otros allanamientos
La Fiscalía ya realizó siete allanamientos en el marco de la investigación. En uno de los procedimientos, en la casa que pertenecía a la exjuez del Juzgado de la Catedral, Fátima María Luisa Vera de López, quien falleció en mayo de este año, se encontró un cuaderno en el que aparentemente “alguien practicaba su firma”. La firma de la magistrada aparece en el mandamiento del juicio ficticio y se presume que su firma habría sido falsificada.
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En otro lugar, en el estudio jurídico BRS “Bordón Roux & Serrati Asociados” de Gilda Bordón, por ejemplo, se incautó varios elementos, pero llamativamente, las computadoras de las oficinas y la grabación del sistema del circuito cerrado de estos lugares, fueron llevados.
También se encontró varios talonarios de cheques que decían “regalías para el Juzgado de Paz de la Catedral”, además de una agenda en la oficina de Gilda donde escribió a mano “Formasa SA” y se dibujó cómo realizarse una transferencia.
Cabe destacar que Gilda Bordón Roux, fue abogada, hasta el 30 de noviembre de este año, de Mariano Sopeña, uno de los herederos de la propiedad de la cual fue desalojado junto a su familia. La presunción del Ministerio Público es que el estudio jurídico habría sido el responsable del supuesto juicio.