Cargando...
El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás Aguiar, resolvió el pasado jueves hacer lugar al amparo constitucional promovido por el periodista de este diario Juan Carlos Lezcano Flecha en contra de la Contraloría General de la República (CGR).
En tal sentido, por Sentencia Definitiva (S.D.) N° 1 de fecha 6 de enero de 2022, el juez ordenó a la Contraloría la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos de todos los funcionarios públicos, sin distinción alguna, correspondientes a los años 2020 y 2021.
Finalmente, la Contraloría dio cumplimiento a la sentencia ya el viernes, lo que fue anunciado por el ente de control a través de un comunicado de prensa.
“La Contraloría General de la República procedió a la publicación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas correspondientes a los años 2020 y 2021 conforme a la resolución judicial”, señalaron desde la institución.
Los documentos pueden ser descargados por los ciudadanos desde la página web https://portaldjbr.contraloria.gov.py/portal-djbr/
La acción de amparo constitucional contra la entidad estatal fue promovida por el periodista el pasado 4 de enero en razón de que el pasado 24 de noviembre de 2021, Lezcano ingresó la solicitud de información pública mediante el Portal Unificado de Información Pública bajo el título de “Declaraciones Juradas 2020-2021″.
Sin embargo, el 22 de diciembre de 2021, la Dirección de Gestión de Anticorrupción de la Contraloría contestó que “no pueden ser publicadas en la página de la CGR, pues nos regimos de conformidad al artículo 3 inciso 4 de la Ley N° 6.355/19″, lo que constituyó una negativa, pues en la misma señalan que al no tener autorización por los órganos jurisdiccionales no pueden hacerlas públicas.
Ante esta negativa, Lezcano acudió bajo patrocinio de los abogados Ezequiel Santagada, Federico Legal y Ariel San Martín, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), a estrados judiciales.
El periodista promovió la acción de amparo constitucional el pasado 4 de enero y el juzgado dio traslado a la Contraloría, que contestó la misma este 5 de enero.
En su respuesta, la Contraloría General señaló al juez Delmás no tener problema alguno con que los documentos sean publicados, pero que la imposibilidad legal surgía de la Ley 6355.
Precisamente esta ley había sido planteada en el Congreso como una solución a las trabas legales para que se liberen las declaraciones juradas. Sin embargo, diputados colorados cartistas y abdistas eliminaron esa posibilidad y establecieron como necesidad obligatoria que exista una orden judicial para la liberación de los documentos.
Los abogados de la Contraloría señalaron además que la postura indicada por el contralor general Camilo Benítez Aldana es la de no recurrir la decisión judicial y acatar la orden de publicación una vez surgida desde tribunales; postura diferente a su predecesor en el cargo, Enrique García.