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Díaz Verón conversó este lunes con ABC Cardinal e insistió en que él no ordenó la transferencia de los miles de millones de los fondos COVID a organizaciones no gubernamentales, sino que lo hizo a asociaciones reconocidas por el Ministerio de Hacienda y al Consejo de Salud del departamento, entre otras entidades.
El gobernador trató de defender la forma en que ubicó el dinero que le fue transferido a la gobernación desde el Ejecutivo en plena pandemia del COVID.
“Trabajamos en la reactivación de obras, no solo salud. Estamos hablando de plena pandemia. Teníamos ocho días de ubicar en cada lugar, en cada municipio. Esas son comisiones preexistentes; hicimos desembolsos al Comité de Salud regional. Esas comisiones tienen todos los requisitos de constitución”, sostuvo el gobernador.
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Entre las mencionadas figura la Asociación Interdistrital de Caazapá, presidida por Yonny Guzmán Florentín, a la cual la gobernación transfirió más de G. 1.800 millones. Díaz Verón reconoció que Guzmán es un dirigente que protege asentamientos y dijo que el dinero sirve para la realización de varias obras en el departamento, incluidas las mejoras de esos asentamientos.
“No es que le dieron (todo el dinero) a las empresas constructoras. Se está transfiriendo en base al avance de las obras. El 70% pusimos en salud”, añadió el gobernador, quien dijo que no malgastó el dinero que recibió.
“No trabajamos con ONG en estos tres años. Tampoco hay secretarios míos (que recibieron fondos). En tres años me allanan la gobernación tres veces. Estamos haciendo obras y obras y eso llama la atención. Allanan con aparatosidad”, agregó, dando a entender que existe una suerte de persecución política del Ministerio Público.
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“Rendimos en tiempo y forma. No fue fácil trabajar durante la pandemia, fue una plata que vino para reactivación económica. Cada uno es responsable de acuerdo a la situación de cómo hayan invertido”, finalizó.
Pedro “Pipo” Díaz Verón es hermano del acusado ex fiscal general Javier Díaz Verón y repartió en el año 2021 los US$ 2 millones del fondo COVID a ONG, pese a su negación de que estas entidades sean no gubernamentales.
En el caso de Pipo, la plata pública terminó en manos de al menos siete entidades “sin fines de lucro”. Los papeles también dan cuenta de que la Asociación Interdistrital de Caazapá consiguió la plata pese a que en su acta de constitución no establece la realización de obras y más bien sus principales fines eran el fortalecimiento socioambiental y sociocomunitario de los territorios sociales marginados, según el acta de creación con fecha 26 de octubre de 2018, dos meses después de la llegada de Díaz Verón al gobierno departamental.
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Los fiscales Osmar Legal y Jorge Arce, encabezaron el viernes último un allanamiento en la sede de la Gobernación de Caazapá en el marco de la investigación abierta por el presunto mal uso de los fondos COVID. En la ocasión se incautaron documentos referentes a la utilización de los US$ 2 millones entregados por el Poder Ejecutivo para la reactivación económica.
También se requisaron ordenadores y aparatos celulares de los funcionarios más cercanos al gobernador Pedro “Pipo” Díaz Verón, detalló entonces el fiscal Legal, quien añadió que la siguiente etapa investigativa será verificar la veracidad de los documentos para luego recorrer cada uno de los lugares donde supuestamente se invirtió el dinero público.