Los padres de estudiantes del colegio salesiano Don Bosco de la ciudad de Ypacaraí se dirigieron al padre Mario Jesús Villalba Ramírez, inspector general de la Congregación Salesiana, solicitando el inmediato traslado y expulsión del sacerdote argentino Raúl del Castillo de la institución. El mismo fue denunciado en el año 2008 por abuso sexual a un menor de edad en la ciudad de Mendoza, Argentina.
Con el fin de salvaguardar la integridad de los estudiantes, los padres se organizaron y presentaron una carta de intimación. De acuerdo a datos, el padre del Castillo está como encargado de la Pastoral Juvenil del Colegio, “un área delicadísima para cualquier institución salesiana, así como la administración”, según exponen los padres de los alumnos.
Los padres fueron claros expresando que no negociarán ni llegarán a un acuerdo con la Congregación Salesiana ni con la institución educativa a este respecto. De esta manera sientan su postura rotunda de la expulsión del sacerdote del Colegio. A manera de repudio, hoy organizaron una manifestación en Ypacaraí.
Repudiado en Minga Guazú

El año pasado, el sacerdote del Castillo estuvo en el colegio Don Bosco de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, donde fue escrachado por los padres de los estudiantes. Los mismos, en noviembre del 2021 habían solicitado su expulsión teniendo en cuenta la denuncia que pesa en su contra. Asimismo, denunciaron la forma como se administraba el polideportivo de la casa de estudios, en donde la comunidad tenía activa participación, situación que ya no ocurría debido a la presencia del cura.
Antes de eso, entre el 2010 y el 2015, trabajó en Don Bosco Roga, con niños en situación de riesgo. También fue secretario inspectorial de los salesianos.
El padre Raúl del Castillo fue denunciado en Argentina en 2008, por abuso sexual a un menor de edad, cuando fue director de la escuela Don Bosco de Mendoza, entre 1998 y 2001. La denuncia no fue investigada; sin embargo, la Justicia Argentina ordenó a los religiosos salesianos un resarcimiento económico que ascendía a una indemnización de 80 mil pesos.