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Celebró el gran interés que generó la propuesta de cambiar algunos aspectos de dicha ley para hacerla más aplicable, porque ya tiene muchos años sin poder ser usada debidamente. Indicó que se estableció en 2006, pero que las limitaciones para su cumplimiento hicieron que recién en 2013 se tenga el primer caso, cuando el Estado intervino para salvarle a Acepar usando ese mecanismo y recién después comenzaron a salir los primeros proyectos.
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“Básicamente si se tienen bosques se los puede certificar en el Ministerio del Ambiente y de Desarrollo Sostenible (Mades), para que aquellos que hagan obras públicas importantes o aquellos que infrinjan las leyes del medio ambiente, puedan comprar esos certificados y el tenedor de bosques podrá ganar plata con ello, y esa es la ley de servicios ambientes”, explicó.
Advirtió que el problema que frena la aplicación de la ley es que para conseguir los certificados ambientales el proceso es muy burocrático y al contrario, cuando se tiene el certificado, finalmente no se sabe donde colocarlo.
“Existe un problema de oferta y demanda, hay mayor oferta que la demanda, por eso proponemos la modificación de algunos artículos, para permitir hacer un trámite más rápido y que finalmente pueda ser presentado como un activo ambiental, así poder comercializarlo, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Valores y poder ofrecerlo a nivel internacional, en una forma transparente y trazable, con las debidas auditorías”, indicó.
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Añadió que participaron en la audiencia los actores financieros más importantes, el Banco Central del Paraguay, de la Comisión Nacional de Valores, los grandes compradores de los certificados ambientales, que son ANDE, Petropar, MOPC, y los propietarios de bosques.
El debate parlamentario está previsto para el 14 de julio, pero el próximo lunes los legisladores tendrán una reunión de trabajo con miras a tener un documento más consensuado.