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Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y María Carolina Llanes resolvieron tener por desistido el recurso de nulidad promovido por la empresa Benia Ambiental SA contra acuerdo y sentencia dictado por el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Yaguarón.
Con lo resuelto queda firme la resolución municipal N° 822/2019 por la cual no se dio lugar al recurso de apelación sobre lo dispuesto por el Juzgado de Faltas, que rechazó la suspensión de todas las obras que venía desarrollando Benia SA para la habilitación de un megavertedero en un inmueble ubicado en la cuenca del lago Ypoá.
Los directivos de Benia Ambiental SA están en desacuerdo con la disposición del Juzgado de Faltas porque dicha instancia judicial municipal supuestamente no tuvo en cuenta algunas pruebas que presentaron para destrabar el conflicto judicial suscitado sobre el proyecto de instalación de megavertedero en este distrito.
El intendente Luis Rodríguez (PLRA) dijo que como los yaguaroninos consideran que la sentencia N° 714 dictada por la CSJ es un logro muy importante porque con esto se respalda al medio ambiente y se sostiene que la “ciudad turística” no será sede de basural. Además, queda firme la resolución municipal N° 822/2019 que se dictó en base a lo resuelto por el Juzgado de Faltas.
Políticos detrás del megavertedero
El megavertedero intermunicipal de basuras fue construido en el año 2019 por Benia Ambiental SA, cuyo accionista principal es el exdiputado y exparlasuriano liberal Juan Alberto Denis, María Laura Cañete (hija de Adelaida Cañete, propietaria del grupo El Farol SA, dedicado a la recolección y disposición final de basuras) y Hugo César Centurión Ramos. Todos ellos están imputados por “presuntos delitos contra el medioambiente”. Fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión preventiva por el juez de garantías de Paraguarí ese entonces.
La obra se inició sin que la empresa cuente con la licencia ambiental expedida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y sin el permiso municipal requerido. Actualmente se encuentran suspendidos todos los trabajos en el sitio.
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Los procesados de la firma Benia Ambiental SA habrían ordenado la excavación del suelo para que sirva como vertedero de basura en una propiedad de 250 hectáreas, que abarca las compañías Nuatî Guazú y Curupayty de Yaguarón.
Los ambientalistas de los distritos de Carapeguá y Nueva Italia también se pronunciaron respecto al tema. Indicaron que la mayoría de los municipios que se encuentran en el área de influencia del lago Ypoá, mediante resoluciones municipales, rechazaron la instalación del depósito de desechos.
Ante dicha situación y para seguir de cerca el proceso los yaguaroninos formaron la organización “No al vertedero” para defender el medio ambiente con manifestaciones, cierres de ruta y llegaron hasta los juzgados de la zona.