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Para las 8:00 de mañana está prevista la continuación del juicio oral y público a Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini, dueño y presidenta de la empresa Imedic, procesados por el supuesto contrabando de los insumos chinos, ocurrido al inicio de la pandemia de covid-19, en el año 2020.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por los jueces Elsa García, como presidenta; Yolanda Morel y Juan Mendoza, ratificó su competencia para juzgar la presente causa penal, luego de rechazar la excepción de falta de competencia que plantearon las defensas.
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En la audiencia de la fecha, los representantes legales de los acusados presentarán los recursos de reposición en contra de la resolución del colegiado y, en caso de que los jueces ratifiquen la decisión, posteriormente la fiscalía y la defensa presentarán sus alegatos iniciales.
Las defensas argumentan que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos es competente para juzgar las causas que superen los 5.500 jornales, es decir alrededor de G. 540 millones, y que en este caso el supuesto contrabando no supera los G. 120 millones.
Sin embargo, el colegiado concluyó que el valor que debe ser tenido en cuenta es el monto de la transacción, que en el caso de los insumos chinos es por un total de US$ 142.500; es decir, supera ampliamente la suma mínima para que la causa sea competencia del Tribunal Especializado en Delitos Económicos, según dijeron los jueces de sentencia.
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Contrabando de “insumos chinos”, según la fiscalía
Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini están acusados junto con el despachante de Aduanas Carlos Gamarra por los supuestos hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Los otros enjuiciados son los funcionarios de Aduanas Guillermo Molina Camp y Gustavo Acosta Acosta.
Según la acusación fiscal, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud Pública mascarillas con filtro por G. 33.660 millones, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080 millones y camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, totalizando la suma de G. 47.952.500.000.
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El 18 de abril del año 2020 arribaron al país no solo las 400 camas solicitadas, sino 450, y el excedente (50) eran camas eléctricas de alta gama, que no estaban previstas en los papeles, pero aun así ingresaron a territorio paraguayo, según sostiene la fiscalía.