Alertan sobre “bomba de tiempo” del seguro social y que urge su reforma

El sistema previsional del Paraguay necesita urgentemente una reforma, ya que la situación actual en la que se encuentra es una “bomba de tiempo”, que si no es atendida podría estallar en la cara de los jubilados y trabajadores activos, según se desprende del estudio realizado por el Observatorio del Gasto Público de Desarrollo en Democracia (Dende).

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Bajo el sistema de reparto solidario o también conocido como “pay-as-you-go”, los beneficios que reciben los jubilados o pensionados se financian principalmente por las contribuciones de los aportantes activos, por lo que la relación entre ambos actores dentro del sistema de jubilaciones es fundamental para mantener la estabilidad y asegurar el correcto funcionamiento de los regímenes. Así lo explica un reporte del Observatorio del Gasto Público de Desarrollo en Democracia (Dende), difundido ayer, que calificó al sistema previsional del Paraguay como “una bomba de tiempo”, con “señal urgente de reforma”.

Se trata del tercer informe de la serie de análisis de Dende sobre dicho tema y que reitera las cifras alarmantes, específicamente en la Caja Fiscal, que ya se viene advirtiendo desde numerosos sectores, como que en la última década se observa un aumento en los egresos (pagos de jubilaciones), que es más del doble (140%); mientras que los aportes tuvieron un crecimiento mucho menor (69%). Se interpreta, entonces, que el sistema se dirige al colapso mientras que el ingreso es menor al egreso.

“En estos 10 años la Caja Fiscal ha registrado un déficit financiero en los últimos 8 ejercicios fiscales, saldo negativo (mayor egreso que aportes) que tuvo que ser cubierto principalmente con impuestos. Esta situación no solo se registra en la Caja Fiscal sino en las otras; además de las asimetrías y la ínfima cobertura, esta bomba de tiempo denota la urgente necesidad de una reforma del sistema de jubilaciones”, señala la organización Dende.

El estudio describe que cerca del 30% de la fuerza de trabajo y del 31,8% de la población ocupada se concentran en la Caja Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en el Fondo de Jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), como aportantes a un régimen de jubilaciones.

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“Bomba de tiempo” del seguro social”: en 10 años, aportantes crecieron solo 9,4%

La Caja Fiscal cuenta con 6 principales sectores categorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, entre los que se cuentan: empleados públicos, magistrados judiciales, magisterio nacional, docentes universitarios estatales, fuerzas armadas y fuerzas policiales.

Considerando el total de esos seis sectores, se encontró que para el año 2013 existían 211.884 empleados aportantes a la Caja Fiscal, mientras que para el año 2022 esa cifra se incrementó a 231.707 aportantes, significando así un aumento de 9,4% en los últimos 10 años.

Respecto a los ingresos de la Caja Fiscal, se registraron G. 3.221.836 millones para el total de los sectores en el 2022, de ahí que las cifras representan un aumento del 69% en base al 2013, año en el que se registró un ingreso de G. 1.906.079 millones.

Con referencia a los beneficiarios de la Caja Fiscal, existían un total de 70.628 jubilados y pensionados en el 2022, denotando ello un aumento de aproximadamente 51% en relación al año 2013, resalta el estudio. La mayoría de los beneficiarios del régimen de jubilación se concentraron en el sector del Magisterio Nacional, con 33.553 personas para 2022.

Los gastos consolidados de la Caja Fiscal pasaron de G. 1.710.666 millones en el 2013 a G. 4.102.569.000.000 para el 2022, aumentando cerca de 140% entre ambos años, mucho mayores que los ingresos en concepto de aportes. La variación de los ingresos, como se mencionó previamente, ha sido en promedio del 69% en tanto que los egresos han variado 140% en el mismo periodo de 10 años.

No civiles y magisterio arriesgan otros sectores

Analizando el flujo de la Caja Fiscal, se puede observar que a pesar de que ciertos sectores presentan un resultado positivo o superavitario, otros han obtenido un déficit desde el inicio del periodo de estudio de este informe hasta la fecha. Los sectores no civiles y el Magisterio Nacional han venido aumentando sus déficit a grandes pasos, poniendo en peligro al resto de los sectores que, a pesar de contar con resultados positivos, se encuentran actualmente en niveles bastante bajos.

Las reservas de la Caja Fiscal han aumentado de G. 2.662.575 millones en el 2013 a G. 3.620.144.000.000 al 2022, registrando así un incremento de 38% entre ambos años. El promedio de crecimiento anual de las reservas fue del 5%, teniendo en cuenta que se presentaron ciertas disminuciones entre los años 2018 al 2020, luego de los cuales las reservas fueron nuevamente incrementándose.

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Asimetrías que perjudican

“Tener en cuenta la sostenibilidad de los fondos es fundamental para asegurar que los mismos cumplan su función: brindar soporte a los aportantes que hayan cumplido con todos los requisitos y se constituyen como beneficiarios, pero la igualdad o al menos la similitud de condiciones y requerimientos debe ser aplicada de manera de promover la equidad. Las asimetrías existentes entre las varias cajas dificultan muchas veces la obtención de resultados positivos y profundizan aún más las diferencias ya existentes”, destaca.

También señala la necesidad de buena administración de los fondos, prestar atención a las reservas y a las inversiones realizadas, buscando movilizar todo el capital con el que se cuenta, especialmente de aquellos recursos depositados a la vista, cuya inversión permitiría contar con mayores rendimientos. Por ejemplo, el reporte refiere que “es llamativo que una Caja con déficit creciente cuente con recursos depositados a la vista por casi US$ 100 millones en el BNF”.

Desde Dende proponen criterios y herramientas que permitan la transparencia en la utilización de los recursos y de elementos que faciliten el control de la ciudadanía, en una coyuntura en la que se encuentra en el Congreso un proyecto de ley que crea una superintendencia de pensiones. El texto tiene cuestionamientos en puntos concretos, pero en el sector privado hay consenso sobre la necesidad de tener una institución reguladora que vele por el cuidado de los recursos de pensiones.

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