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Por presunta lesión de confianza en el caso de la fallida obra del metrobús fue acusado el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones del gobierno de Horacio Cartes, Ramón Jiménez Gaona, su exviceministra, Marta Regina Benítez Morínigo, y el encargado de la obra metrobús, Guillermo Alcides Alcaraz.
La fiscal María Estefanía González señala en la acusación que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desembolsó dinero público por obras que no cumplieron con las especificaciones técnicas y no sirven para la finalidad del “Programa, modernización del transporte público metropolitano y oficinas de Gobierno” (Metrobús).
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“Las obras pagadas no son útiles para la ciudadanía, no cumplen en mejorar la calidad de vida de los paraguayos y en la actualidad incluso se encuentran demolidas”, resalta parte del escrito conclusivo de 51 páginas, presentado esta tarde por González ante el Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos a cargo del juez Humberto Otazú.
Al respecto, la agente del Ministerio Público puntualiza que el Estado paraguayo sufrió un perjuicio patrimonial de G. 180.030.528.699 (cerca de 25 millones de dólares al cambio actual) por el pago de 29 certificaciones de obras a favor Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA; teniendo en cuenta que por dicha suma terminó recibiendo una obra inconclusa e inviable a raíz de las conductas desplegadas por los ahora acusados.
Conductas de los acusados por el caso metrobús
Para la fiscalía no existe duda que el exministro del MOPC y los otros ex funcionarios de su administración no cumplieron con sus roles de contralor, de planificar, coordinar y controlar específicamente la ejecución contractual del programa, denominado “Programa de Reconversión, Centro, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas del Gobierno”, más conocido como el proyecto Metrobús.
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Específicamente, la fiscal María Estefanía González señala que Ramón Jiménez Gaona, en función de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en el periodo el año 2013 al 2018, dentro del marco del proyecto metrobús, no protegió el interés patrimonial del Estado, de cuya consecuencia se generó el pagó 29 certificaciones por un valor de US$ 29 millones, por una obra inconclusa que no sirve para beneficio de la ciudadanía.
Respecto al ex gerente del proyecto metrobús Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, la agente del Ministerio Público asegura que entre los años 2017 y 2018 ejerció la gerencia del proyecto de forma desprolija; que significaron falta de planificación, falta organización, falta de ejecución, falta de control del desarrollo y falta de coordinación, que trajo aparejado la no conclusión de la obras y por ende el perjuicio patrimonial para el Estado paraguayo.
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A su vez la exviceministra Marta Regina Benítez Morínigo (en el cargo en el periodo 2016 - 2018), la fiscalía señala que estando en ejercicio de ministra interina del MOPC firmó el convenio modificatorio Nº 4 al contrato con la empresa Mota-Engil Ingeniería e Construcción S.A. por el cual se aumentó el contrato en G. 103.483.670.390, causando menoscabo al interés patrimonial del Estado antes de protegerla.
Pruebas del fracaso del proyecto metrobús
Entre las pruebas presentadas con la acusación, la fiscal María Estefanía González resalta la nota remitida por la Municipalidad de Fernando de la Mora, que en parte refiere “esta institución municipal NO otorgó permiso municipal alguno para la ejecución de las obras del proyecto METROBUS en la ciudad de Fernando de la Mora”.
Destaca también las declaraciones de funcionarios de Contraloría General de la República, que realizaron los estudios pertinentes y elaboración del informe final de auditoria de cumplimiento al MOPC, de frentistas, quienes expusieron los pormenores del estado calamitoso que vivieron durante el desarrollo de la construcción y posterior al abandono de la obra.
La fiscala señala además el informe del interventor del MOPC, Sixto Morinigo, que describe en la parte conclusiva que “es posible afirmar que el proyecto metrobus presentó serias desprolijidades en todo el proceso de gestión. Estos significa que la planificación, la organización, la ejecución y el control de su desarrollo exhibe notoria faltas de coordinación. La principal se vincula con la franja de dominio, cuya falta de liberación antes del inicio de los trabajos representó principal obstáculo para avanzar, según cronograma establecido”, según indica parte del escrito acusatorio.
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Se resalta asimismo la denuncia formulada por el Ing. Ricardo Hermann Pankow Noguera, donde describe las primera informaciones que sirvió de noticia criminis para la apertura de la causa; así como memorándum varios, comunicaciones realizadas entre contratante Ministerio de obras Publicas y Comunicaciones MOPC, el contratista constructora Mota Engil y la fiscalizadora Typsa Incosa.