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El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista), ha desviado durante cuatro años el dinero de bonos municipales que debía ser para obras. Esto no fue informado al público, ciudadanía y compradores de bonos.
La comuna ha afirmado en cada prospecto de emisión de bonos hecha, que el dinero sería destinado a obras específicas para la ciudad, lo que no ocurrió finalmente. Incluso, este dato fue presentado a las calificadoras de riesgo, que lo tuvieron en cuenta para darle una calificación que le permitiera emitir bonos. No obstante, la administración de Nenecho aceptó la semana pasada haber utilizado el dinero en “gastos operativos” y no en inversión física, tras una investigación de ABC.
Al respecto, la Ley 5.810 del Mercado de Valores, a través de su reglamento resolución 35/2023, dicta en su artículo 7 del título 12: “Cualquier modificación en la aplicación de los recursos obtenidos deberá ser informada a la CNV y a la Bolsa de Valores en forma previa a su utilización, con la debida justificación. Estas modificaciones deberán ser consideradas por las Calificadoras y estarán disponibles al público como hecho relevante”.
La CNV (Comisión Nacional de valores) pasó a ser la Superintendencia de Valores, parte del Banco Central del Paraguay (BCP) a través de la Ley Nº 7.162 del 2023.
Bonos de Nenecho: Superintendencia debe investigar denuncias
La Ley 5.810 del Mercado de Valores en el título VII, en su capítulo I, artículo 165°, habla de las funciones de la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia de Valores. El inciso O es muy claro respecto a que es la Superintendencia la que debe investigar las denuncias o reclamos formulados por accionistas, inversionistas u otros legítimos interesados, en este último caso, los asuncenos, quienes deben pagar la deuda de los bonos hasta el 2035.
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Asimismo, en el inciso K dicta que se debe inspeccionar a las personas o entidades fiscalizadas, además se debe requerir de las personas o entidades fiscalizadas que proporcionen al público “información veraz, suficiente y oportuna sobre su situación jurídica, económica y financiera”.
Incluso, el inciso N, indica que en caso de que personas hagan oferta pública de títulos que sean contrarias a la ley o a la reglamentación que haya dictado la Superintendencia, o si esta es considerada engañosa por la superintendencia, o que se hacen afirmaciones o se suministran datos que no son verídicos, la Superintendencia debe suspender la propaganda de ello.
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También, el inciso M señala que la Superintendencia debe suspender o cancelar una oferta pública cuando se presentaren indicios de que en las negociaciones objeto de la oferta se ha procedido en forma engañosa o irregular, o si la información proporcionada no refleja adecuadamente la situación financiera, patrimonial o jurídica del emisor sujeto a su control o, en general, por requerirlo el interés público.
El intendente pretende realizar otra emisión de bonos alegando que es para obras por G. 380.000 millones (51 millones de dólares). Según fuentes, concejales oficialistas presentarían el pedido durante la siguiente sesión de la Junta Municipal y este sería aprobado sin mayor análisis.
Joshua Abreu y equipo se lava las manos
Intentamos realizar una entrevista al superintendente de Valores, Joshua Abreu, pero alegó estar de vacaciones. Por correo electrónico, la respuesta oficial del equipo de la Superintendencia fue: “Como Superintendencia de Valores, el rol principal en relación con las emisiones de bonos de las municipalidades es asegurar que estos instrumentos cumplan con los requisitos establecidos por la ley...”.
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Más adelante expresa: “En cuanto a la supervisión del destino de los fondos obtenidos por las municipalidades a través de estas emisiones, es relevante aclarar que no es una función de la Superintendencia de Valores. El rol de la SV es asegurar que las emisiones cumplan con las regulaciones vigentes y mantener la integridad del mercado”, aseguran de manera escrita.
Finaliza: “La Superintendencia continúa monitoreando de cerca el mercado para asegurar su integridad y transparencia, y trabaja para que todas las partes involucradas cumplan con las normativas establecidas, protegiendo así a los inversores y garantizando la estabilidad del mercado”, aseguraron.