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María Eugenia Acosta denunció que la causa por presunta falsificación de su firma en un contrato de alquiler de una finca para plantación de marihuana medicinal está paralizada por la influencia que tiene el denunciado, Ricardo Sasiaín, miembro suplente del Consejo de la Magistratura, sobre la designación como fiscal adjunta de María José Abed, quien está a cargo de la causa.
“No avanza la investigación, está paralizada y la fiscal, entendemos nosotros, que no quiere hacer nada, porque Ricardo Sasiaín es miembro del Consejo, suplente, y esta fiscala quiere ser fiscala adjunta y quiere estar en terna y no quiere hacer nada y dejan ahí la causa”, dijo.
Según sospechan, Ricardo Sasiaín se candidató como miembro del Conejo supuestamente para escudarse en su influencia.
Además, lo que más preocupa a la denunciante, es que la causa está al límite de su prescripción, lo que terminaría dejando sin efecto la denuncia realizada por la misma en la que su hija y yerno habrían planeado hacer un cultivo de marihuana medicinal con documentos con firmas falsificadas presentadas en varias instituciones.
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Denuncia por falsificación
La ampliación de denuncia por supuesta falsificación en un contrato de alquiler fue presentada por la defensa de María Eugenia Acosta. El caso refiere a que en un conflicto en el que fue imputada la hija de Acosta, María Antonella Galli Acosta por el desvío de fondos de unos G. 331 millones de un laboratorio veterinario.
En el conflicto presentaron como argumento un contrato de alquiler entre Biotécnica, supuestamente, y María Eugenia Acosta, y corroboraron que tiene la firma falsificada, según explicó el abogado de Acosta, Guillermo Duarte Cacavelos.
La supuesta firma falsa de su defendida también se utilizó para documentos que se presentaron en distintas instituciones, como representante de la empresa Biotécnica, para la producción de marihuana medicinal, rubro al que Acosta nunca quiso dedicarse.
Senad Senave y el Ministerio de Salud fueron algunas de esas instituciones e incluso quisieron falsificar un contrato de consorcio que María Eugenia se negó a firmar entre Sasiain Corp y Biotécnica para que Sassain Corp produzca marihuana medicinal, según comentó el abogado.
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Proceso penal abierto contra hija y yerno de la víctima
El proceso penal abierto que enfrentan Ricardo Sasiain Sosa y su esposa es la causa N° 1121/2021 caratulada “María Antonella Galli Acosta y otro s/ lesión de confianza y otros”.
La imputación del Ministerio Público señala que en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de marzo de 2021, la entonces gerente general de la firma Biotécnica SRL, María Eugenia Acosta Vallejos, ordenó la realización de auditorías internas, ante la sospecha de que existirían irregularidades en el desempeño de funciones de la gerente Financiera y Administrativa, Lic. María Antonella Galli Acosta.
Como resultado de la auditoría se constató que varios pagos recibidos en cheques, librados a favor de Biotécnica SRL, no habrían sido depositados en las cuentas bancarias de la firma, sino que los fondos fueron presuntamente desviados a la Cta. Cte. N° 6600980-05 cuyo titular es el abogado Ricardo Sasiain, por decisión de su esposa Antonella Galli. Fueron 14 cheques que no ingresaron a los recursos de la empresa por la suma de G. 230.617.086, refiere la imputación de la fiscala Stella Mary Cano de Woitas.
En fecha 10 de octubre de 2021, Biotécnica SRL contrató los servicios de la firma MGM Auditores y Consultores, para elaborar un informe respecto a la compra de materia prima, la cual no habría sido autorizada por la Gerencia General referente a la adquisición de 200 Kilos de “Carbopol 940″, materia prima no utilizada para la elaboración de los productos Galmadic (nombre de la marca de Biotécnica) supuestamente por decisión de la administradora Lic. Antonella Galli Acosta, lo cual habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 91.090.642, conforme a los documentos verificados por el Lic. José Mármol Morínigo.
Conflicto por desvío de fondos: perjuicio mayor a G. 300 millones
De igual manera, también como resultado de la auditoría se concluyó que productos o materias primas no se encontraron en la empresa, desconociéndose su destino y/o facturación, todo lo cual se encontraría a cargo de la gerente Antonella Galli Acosta, como encargada del control de entrada y salida de los productos. Se sospecha que habría omitido realizar la facturación de los productos, ocasionando un daño patrimonial a la firma de unos G. 10.157.561.
Los hechos imputados hacen referencia a que la firma Biotécnica SRL, empresa paraguaya de presencia internacional dedicada al desarrollo, producción y comercio de productos veterinarios a través de los Laboratorios Galmedic que son comercializados fuera del país, se habría perpetrado hechos punibles de persecución penal por parte del Ministerio Público.
El perjuicio total cuantificado por el Ministerio Público fue de G. 331.865.289.
La Fiscalía sostiene que la conducta desplegada por María Antonella Galli Acosta se encontraría descrita en los tipos penales de apropiación y lesión de confianza, de conformidad a los artículos 160 inc 2° y 192 inc 1 y 2° del Código Penal, en calidad de autora. La imputación también refiere que la ahora imputada contó con la ayuda de su esposo, el Abog. Ricardo Sasiain Sosa, para de esa manera obtener un beneficio patrimonial indebido, y si bien también fue imputado por los mismos hechos punibles, su conducta se halla descripta en condición de cómplice.