El urgimiento fue presentado ante el Tribunal de Apelación Penal 2ª Sala de la Capital, integrado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, Delio Vera Navarro y José Agustín Fernández, que tiene a su cargo la causa penal al ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente.
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La apelación pendiente de resolución fue presentada por las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera en contra de la Sentencia Definitiva N° 599 del 21 de diciembre de 2023, dictada por el tribunal integrado por los jueces Víctor Alfieri, como presidente; Darío Báez y Alba González, como miembros titulares.
Las agentes del Ministerio Público piden a la Cámara de Apelaciones que anule el fallo de primera instancia, con el argumento que la causa penal en cuestión es grave y no debe quedar impune por el solo hecho de haber sido incorrectamente analizado, en atención a que los jueces de primera instancia “no han cumplido con su deber de impartir justicia conforme a los lineamientos del Código Procesal Penal”, de acuerdo al escrito presentado.
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Las fiscalas de la causa solicitan el reenvío de la presente causa penal para un juzgamiento adecuado y que el nuevo oral y público a Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo quede a cargo de un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.
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Hechos contra Díaz Verón fueron probados, según fiscalas
En la apelación las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera responden a la postura del Tribunal de Sentencia, que al momento de dictar la absolución de culpa y reproche del ex fiscal Javier Díaz Verón y esposa, calificaron como deficiente el trabajo investigativo del Ministerio Público; además de mencionar los informes de la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas, que dictaminaron favorablemente la gestión del procesado en su cargo de fiscal general del Estado.
En cuanto a estos puntos, las fiscalas resaltan que han llevado a cabo un exhaustivo trabajo para colectar todas las pruebas presentadas en el juicio oral y público, que a criterio de ellas, sustentan plenamente la acusación; y consideran que “no tiene sustento jurídico la apreciación generada en el fallo, del por qué la fiscalía no tuvo en cuenta esos documentos, pues la ley es muy clara”.
Silva y Aguilera resaltaron además que si hubiesen tenido en cuenta dichos elementos el Ministerio Público estaría violando la ley, ya que las resoluciones de la Contraloría y el Tribunal de Cuentas sería avalar que son necesarios los delitos precedentes para el hecho de enriquecimiento ilícito.
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En sus alegatos finales las agentes fiscales solicitaron que Francisco Javier Díaz Verón sea condenado a 8 años de cárcel, más 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por supuesto enriquecimiento ilícito de G. 10.495.174.320; mientras para que su esposa pidieron 5 años de prisión por el hecho de lavado de dinero.