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A través de su Sentencia Definitiva (SD) Nº 33, el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia denegó el amparo de pronto despacho presentado por los abogados Miguel Ángel Mendieta y Fernando Caballero Rolón, en representación de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, procesado por A Ultranza, contra el Ministerio de Justicia, para tener un respuesta sobre su pedido de traslado y cambio de régimen de encierro.
Los antecedentes del caso señalan que el 12 de noviembre pasado Tío Rico presentó su pedido de amparo constitucional de pronto despacho en contra de Ministerio de Justicia, en vista a que el 4 de octubre había solicitado al director de Establecimientos Penitenciarios su autorización para trasladar al encausado del penal de Minga Guazú a otro recinto.
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En vista a que la cartera contestó esa solicitud, la defensa de Insfrán presentó un urgimiento el 11 de octubre. Sin embargo, los abogados Mendieta y Caballero tampoco tuvieron contestación positiva o negativa a la petición ingresada que, no solo era para traslado, sino también de asistencia médica, de estudio técnico criminológico y expedición de informe de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria.
MJ pidió rechazar amparo de Tío Rico, acusado en caso A Ultranza
Por su parte el Ministerio de Justicia (MJ) solicitó el rechazo de la acción, en vista a que “el amparo de pronto despacho debe limitarse a emplazar a la autoridad administrativa para que se pronuncie respecto de la cuestión planteada por el particular (…) Habiéndose pronunciado el Ministerio de Justicia –con anterioridad al estudio y resolución del caso– sobre todos los puntos solicitados por el accionante, queda en evidencia la ausencia de agravio actual”.
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En consecuencia, el juez Estigarribia consideró “que la presente acción de amparo de pronto despacho debe ser rechazada por resultar inoficioso, debido a que queda demostrado que el Ministerio de Justicia, ya se ha expedido ante las peticiones solicitadas; no cumpliendo de esa manera con los requisitos exigidos para la procedencia de la presente acción”.
Sociedad criminal con el prófugo Sebastián Marset
Según la teoría del Ministerio Público, desde que el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera –prófugo– frecuentó Paraguay, en 2018, se creó una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína que operó hasta el 2022, pues mediante el operativo A Ultranza Py, que comprendió más de 100 allanamientos y la participación de una veintena de fiscales, la banda fue anulada.
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Dentro de esa sociedad Marset era el encargado de negociar la compra de la droga con delincuentes de Bolivia y Miguel Insfrán estaba a cargo de moverla en suelo paraguayo, hasta su salida del país, según la Fiscalía. Mediante esta forma de operar, agrega, la organización logró enviar droga a África y logró ganancia de US$ 18.429.500; mientras que con envíos a Europa, en total 17.340 kilos de cocaína, el rédito obtenido fue de US$ 433.500.000.