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El documento remitido por el magistrado al Ministerio Público contiene casi 40 páginas y fue elaborado a partir de los resultados de la extracción de datos de uno de los teléfonos celulares del difunto exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes Batista, fallecido en la madrugada del lunes 19 de agosto en su vivienda en Pedro Juan Caballero, durante un operativo fiscal policial, en el marco del operativo “Pavo Real II”.
Según informaciones confirmadas por ABC, los resultados de la diligencia fueron recepcionados meses atrás en el juzgado de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Tercer Turno, a cargo del juez Osmar David Legal Troche, quien aprovechó la feria judicial para realizar un detallado control sobre la pertinencia de los datos extraídos de uno de los aparatos celulares del extinto parlamentario colorado.
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Fue así que el magistrado detectó varios elementos como chats, fotografías y audios, que hacen sospechar la comisión de hechos punibles como la coima, tráfico de influencias, asociación criminal, lavado de dinero y otros delitos.
En el marco de la causa “Pavo Real Py II” el juzgado de Osmar Legal autorizó la extracción de datos de 14 teléfonos celulares, 5 dispositivos de almacenamiento masivo (4 pendrives y una memoria externa); una computadora de escritorio y una notebook, pertenecientes a Lalo Gomes y su hijo; y que fueron incautados durante los allanamientos realizados en la madrugada del lunes 19 de agosto del año pasado.
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Imputación y muerte de Lalo Gomes
El exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto de 2024, cuando fue abatido por agentes de la Policía Nacional que allanaron su vivienda en Pedro Juan Caballero, en el marco de la investigación “Pavo Real II” sobre supuestos vínculos del entonces parlamentario cartista con un esquema de lavado de dinero fruto del narcotráfico.
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El procedimiento estuvo a cargo del fiscal Osmar Segovia, titular de la causa Pavo Real Py II, acompañado de sus colegas Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, todos de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.
Ese lunes 19 de agosto el Ministerio Público tenía previsto realizar un total de 9 intervenciones, 7 de ellas en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, y otras 2 en la ciudad de Asunción. Sin embargo, solo tres cateos pudieron concretar los agentes, en el norte del país.
Uno de los allanamientos se efectuó en la casa de Eulalio “Lalo” Gomes, a cargo de Cubilla y Cáceres; mientras que el realizado en la vivienda del hijo del entonces legislador, Alexandre Rodrigues Gomes, estuvo a cargo de Segovia.
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Conexión de Lalo y su hijo con narcos, según fiscalía
La imputación fiscal señala que Lalo Gomes y Alexandre Rodrigues tenían fuertes vínculos con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, condenado en Brasil por narcotráfico. En el acta de 54 páginas el Ministerio Público resalta que la supuesta red constituida por el clan Gomes habría brindado auxilio económico a la estructura de Pavão con la adquisición de la estancia Negla Poty, ubicada en el departamento del Amambay, presumiblemente como parte de una práctica común que realizarían a favor de grupos criminales que operan en la frontera, describe la imputación.
La imputación agrega que el difunto legislador colorado y su hijo constituyeron una red de empresas en Paraguay, entre ellas Paraguay Autopartes SA y Salto Diamante SA, que habrían sido usadas para el supuesto lavado de dinero proveniente de negocios ilícitos.
Resalta además que dentro de la operativa existe una participación activa de la entidad financiera Finexpar Saeca, actual Banco Zeta –cuyos directivos Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathias Gaona fueron también imputados– junto con empresas asociadas a otro imputado con anterioridad, Carlos Oleñik Memmel, como la Compañía Especializada de Productos Agrícolas Saeca (Cepagro), Pasfin Saeca, Annuaki y Agroganadera Las Quebradas.
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Estas entidades y sus respectivas actividades aparentarían ser negocios legítimos, sin embargo, su propósito real sería facilitar el ingreso de fondos ilícitos al sistema financiero nacional mediante la simulación de transacciones comerciales válidas, según menciona la documentación.
De acuerdo a la hipótesis fiscal Eulalio Gomes Batista y Alexandre Rodrigues Gomes tenían una red de testaferros en la que se destaca la participación del también ayer imputado Óscar Cabreira Pinazo, quien habría realizado actos destinados a disimular el origen ilícito de un inmueble específico, asociado a la organización delictiva. Este aparece en el esquema como el supuesto comprador de la Estancia Pindurá, cuyo dueño real es también el Clan Pavão.
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