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De “estafa al ciudadano” por parte de la Municipalidad de Asunción, calificó el abogado Enrique Wagener al cobro de tasas especiales, como las de mantenimiento de desagüe pluvial o de plazas, a contribuyentes que viven en barrios sin estos servicios. Acusó al intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), de cobrar indebidamente estas tasas.
“Vos no podés cobrar un servicio que no estás dando, es una estafa al ciudadano. Yo lo que quiero saber es dónde están los concejales que no se están dando cuenta de todo esto”, dijo el profesional, quien recomendó a la ciudadanía que pague las tasas, para poder reclamar.
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Wagener dijo que, “ante la desidia total de los concejales, allanados a esta administración”, a los contribuyentes solo les queda la posibilidad de recurrir a la Municipalidad de forma conjunta, para reclamar el cobro indebido.

El abogado dijo que la primera medida es la denuncia pública por el cobro de un servicio que no se presta; la segunda etapa sería reunir la documentación y posteriormente plantear una queja conjunta, entre ciudadanos disconformes con el cobro indebido, a la Municipalidad de Asunción.
Se puede reclamar, dijo abogado
El profesional del derecho señaló que este cobro irregular puede reclamarse tanto en conjunto como de manera individual, pero no puede eludirse el pago. “Yo me voy, pago el servicio y después voy a presentar una nota de queja a la autoridad que es el intendente, en donde le digo: me estás cobrando por un servicio que no me estás prestando y quiero que me devuelvas el dinero”.
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El abogado dijo que en la nota, además de expresar su desacuerdo, pretende requerir aclaraciones sobre el cobro. “Si no tengo una respuesta formal, ahí sí puedo irme ante el organismo de defensa al consumidor, la Sedeco, y le puedo denunciar a la Municipalidad de Asunción”, remarcó.

Wagener agregó que aunque el hecho sea difícil de llevar a un proceso penal, sí puede recurrirse ante instancias judiciales, y en particular ante el Tribunal de Cuentas.
Nenecho gobierna con el miedo
El abogado criticó al intendente Rodríguez por gobernar a la ciudad Capital con el miedo. “Nenecho cree que porque había mucha gente (pagando impuestos), ellos están ayudando. La gente se está yendo ahí por miedo. Él, lo que quiere es impartir miedo, y cree que por hacer esto le van a volver a votar”, criticó.
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“La gente, por miedo a entrar en los sistemas informáticos en que se les puede rechazar crédito por culpa de eso, se van a pagar, pero no se puede gobernar con miedo”, agregó.

El abogado señaló que el ciudadano hoy está indefenso ante este tipo de “aprietes”.
Nenecho sigue sin mostrar facturas por los bonos
Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), imputado intendente de Asunción, sigue sin mostrarle a la ciudadanía los documentos que prueben el destino final de más de G. 500.000 millones de bonos que debían ser destinados a obras, pero que fueron desviados por su administración.
Esta denuncia, realizada en marzo del año pasado por ABC, fue confirmada por la Contraloría General de la República, que elevó el caso a la Fiscalía, donde se abrió una investigación. Hasta ahora, el intendente no exhibió a la ciudadanía ni una sola factura que demuestre el destino final de ese millonario monto que, según su gabinete, fue a gastos operativos.
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Pese a los múltiples requerimientos de acceso a la información pública, Nenecho no puede demostrar la trazabilidad del dinero que ya no aparecía en las cuentas bancarias de la Municipalidad en el año 2024. Sorpresivamente, en el presupuesto 2025, aprobado en noviembre del año pasado, se hicieron aparecer G. 410.668.317.108 como saldo de bonos.
Ante la Contraloría, tratando de explicar el desvío, Nenecho dijo que la Municipalidad se rige por un sistema de cuenta única que, según él, le permite desviar los fondos que eran para obras a otros “gastos operativos”, amparado en la ordenanza 175/18. El intendente hizo “aparecer” una supuesta reglamentación a la ordenanza, la resolución 2424/19, de fecha 31 de diciembre de 2019 (asueto), sin embargo, el propio Rodríguez había negado su existencia a la Contraloría, en 2020.