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Carlos Antonio Ayala Ramírez (57) denunció haber sido víctima de extorsión y tortura psicológica por parte de efectivos de la Subcomisaría 02 Estación Yuty, del departamento de Caazapá, a quienes sindica por haberlo aprehendido, supuestamente de manera irregular, además de golpearlo y amedrentarlo con amenazas de que “lo fundirán en la cárcel” al no aceptar un pago para abandonar su vivienda y el inmueble que habita.
El representante legal de Ayala Ramírez, el abogado Arnaldo Cibils, explicó que el hombre habita en un inmueble, propiedad del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que fue ocupado por su familia hace tres décadas. Hace aproximadamente 15 días, recibió una oferta de G. 10 millones por parte de personas desconocidas para abandonar dicho inmueble, la cual rechazó.
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Según señaló el abogado, obtuvieron la información de que una mujer, identificada como María de la Cruz López Bustamante, junto a otras dos personas, presentó una solicitud de mensura judicial sobre el mismo inmueble a finales de enero de este año. Entonces, pidieron la constitución de personal del Indert para verificar que Ayala Ramírez es el verdadero ocupante de esas tierras.
Añadió que, desde ese día, Ayala fue acosado por efectivos de la policía, quienes insistían en que acepte el dinero. Fue el martes 4 de febrero cuando llegaron hasta el inmueble dos patrulleras con uniformados, entre los cuales se encontraba el jefe de la misma subcomisaría, suboficial Freddy Arzamendia. Ayala intentó contactar con su abogado en el momento, pero los efectivos se apoderaron de su celular, lo golpearon y lo subieron a la carrocería de una de las patrulleras, siempre según manifestaciones del representante.
Aseguró que ingresó a la sede policial tras varias horas de su detención, a pesar de que esta se encuentra a pocos minutos del lugar donde fue aprehendido y que en ese ínterin fue constantemente amedrentado. “Le dijeron que debe salir de ahí, que en este tema están metidos los grandes (supuestamente personas poderosas), que se le ofreció el dinero por las buenas, que le van a fundir en la cárcel y nadie le va a defender”, contó el abogado.
El acta de dicho procedimiento realizada por la policía señala una denuncia telefónica realizada por el ciudadano Ciriaco Orquiola Figueredo, supuesto ocupante del inmueble, quien alertó la presencia de Ayala Ramírez en el predio, alegando una actitud sospechosa y la portación de un arma blanca.
Policía niega extorsión y tortura
A través de una llamada telefónica, contactamos con el suboficial Freddy Arzamendia, jefe de la Subcomisaría 02 Estación Yuty, quien negó totalmente la supuesta tortura y extorsión denunciada por Ayala Ramírez.
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Arzamendia confirmó que el procedimiento policial se realizó en base a la denuncia de Ciriaco Orquiola Figueredo, quien manifestó la invasión de inmueble y conducta sospechosa por parte de un sujeto desconocido que había montado un campamento en el mismo. Al constituirse en el sitio, dialogaron con él y solicitaron que se identifique, a lo que este respondió con una negativa, por lo que fue detenido y la unidad penal de turno a cargo del fiscal Rodrigo Lepretti ordenó su detención.
“Nadie en ningún momento le extorsionó ni le torturó, inclusive, como medida de seguridad, le llevamos al hospital distrital para su diagnóstico médico y posteriormente a la comisaría. Ya no estamos más en época de tortura y nadie le pidió nada, ellos están alegando eso para su defensa. Tenemos todos los documentos que nos avalan, pero ellos para defenderse también pueden decir lo que quieran, nosotros ya no estamos para torturar y golpear a una persona de edad”, declaró el suboficial Arzamendia.
Culpan a supuesta mafia de las tierras de Caazapá
El abogado Arnaldo Cibils manifestó que su cliente, Carlos Antonio Ayala Ramírez, es víctima de la “mafia de las tierras” del departamento de Caazapá, un esquema que supuestamente opera con terceras personas que obtienen la mensura y titulación de terrenos del Indert, para luego traspasar o vender estos a personas poderosas.
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Indicó que la denunciada María de la Cruz López Bustamante sería parte de esta rosca. Ella habría solicitado el título de propiedad de las propiedades para luego traspasarlo al dueño de un inmueble privado adyacente, que se encuentra a orillas del río Pirapó.
El abogado pidió que las autoridades del Indert, en especial el presidente Francisco Ruíz Díaz, se interioricen e intervengan en las operaciones de esta supuesta mafia.
