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El abogado Diego Troche Robbiani, representante jurídico de la empresa Americana Agropecuaria S.A, acudió este viernes al Congreso Nacional a presentar formular una denuncia vía nota al presidente de la Cámara Baja, en contra del diputado Leonardo Saiz. El jurista pide la pérdida de investidura del diputado por tráfico de influencias.
Según el representante jurídico, el diputado es parte de una “mafia descomunal” de manipulación de la Justicia no solo en su departamento, sino también en ciudades como Katueté y Corpus Christi, del departamento de Canindeyú.
Legislador estaría utilizando su poder para corromper jueces
De acuerdo al denunciante, el legislador estaría utilizando su poder para contribuir a maniobras de impunidad, en la que son cómplices jueces corruptos, como la jueza Josefina Gunsett, a la que ya han denunciado cinco veces ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pero las denuncias no corren, contó.
En concreto, lo que señala el denunciante es que el diputado Leonardo Saiz apoya a un grupo de personas que intenta apropiarse de la estancia americana por vías ilegales, utilizando el proceso como instrumento para el delito.
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En el camino que llevan recorriendo, han pasado por actuaciones judiciales que no pudieron creer, según cuenta, debido a que la otra parte “recorre el país en busca de un juez incompetente que les otorgue la medida que desean”.
En este caso, el abogado Diego Troche Robbiani dice que avasallaron a la jueza Norma Fleitas Aquino, y así lograron una revocatoria de medida cautelar que favorecía a la estancia.
Magistrado de San Pedro no se dejó presionar
Cuando tuvieron conocimiento, uno de los abogados, Julio Godoy, acudió al despacho del juez y presenció que el diputado Leonardo Saiz estaba “con el expediente del caso en la mano, dentro del despacho del presidente del Tribunal de Apelación de la Circunscripción de San Pedro, con intención de presionar para que el magistrado confirme lo que firmó la jueza”, relató el abogado Diego Troche Robbiani.
Pero el magistrado Fernando Benítez “mantuvo su integridad y no le admitió el pedido al diputado, devolviendo el expediente a la jueza”, contó.
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Al verse protegida por su presidente, finalmente la jueza Norma Fleitas Aquino revocó la medida.
Por todas estas acciones, el representante legal de Americana Agropecuaria S.A, sostuvo que el diputado Leonardo Saiz realiza tráfico de influencias para distorsionar juicios.
Denuncian abuso y aprovechamiento de amparos
Posteriormente, siguió comentando el jurista, acudieron al juez de Curuguaty Ramón Alberto Florentín, y consiguieron una medida revocatoria de medida judicial, obstruyendo así la investigación fiscal por medio de un amparo.
“Hay rumores de que están usando dinero en cantidades impresionantes, con el fin de hacerse de medidas cautelares de retención y así posicionarse de una propiedad”, detalló el abogado.
Ejemplificó que a través de una demanda de nulidad de acto jurídico, habían conseguido una medida de administración de sociedades, que nada tenía que ver con el inmueble objeto de la nulidad. Es decir, se apropiaron de toda la sociedad de empresas, cuando solo se estaba litigando por uno de los inmuebles.
Conflicto judicial por reclamo de presunta heredera
La persona que les está peleando la propiedad de la estancia es Cornelia Karin Andriessen Merquides, heredera del señor Detlef Peter, quien tiene un 12 % de las 700 hectáreas de la estancia, según explicó el abogado.
No obstante, recordó que la propiedad consta de varios socios y se realizaron varias transferencias. Es solo la parte transferida por Detlef Peters la que reclama la heredera.
Pero, el abogado Diego Troche Robbiani argumenta que esas hectáreas ya no son de Detlef Peters, pues él las transfirió en el 2011. Sostiene que eso se comprobará en un juicio civil.
La heredera por su parte, dice que Detlef Peters sufría de alzheimer, pero la defensa asegura tener pruebas de que la enfermedad de Peters comenzó años después de que haya hecho la transferencia.
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Precios de resoluciones son “vox populi”
Según contó Diego Troche Robbiani, hoy en día en Canindeyu es vox populi que una resolución de amparo cuesta entre US$ 30.000 y US$ 50.000.
Mientras el litigio judicial continúa, la estancia redujo significativamente su actividad ganadera y tuvo que despedir a 100 trabajadores.
A su vez, el jurista señaló al diputado Orlando Arévalo y a Alicia Puchetta, ambas autoridades del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Les cuestionó “cómo se explica que una sentencia prevaricante quede impune cinco veces”.
Jueza se inhibe según conveniencia, según denuncia
Esto lo dijo en referencia específica a la jueza Josefina Gunsett, quien teniendo causal de inhibición en el caso de Americana Agropecuaria. Pero, pese a eso, “cuando le cae una nueva demanda dicta medida cautelar, y cuando los abogados toman intervención, se inhibe por la causa antigua que no se inhibió al dictar la sentencia”, relató Diego Troche Robbiani.
En definitivas, el representante jurídico de la agropecuaria lamentó que con todas estas maniobras, están generando una “jurisprudencia torcida que sirve de amparo a nuevas resoluciones ilegales, apañándose en el Poder Judicial”.
